José Jaramillo


Los debates que suscitan propuestas que tienen que ver con el interés de comunidades específicas, o de la nación en general, son presentadas con igual solvencia profesional y con idéntica elocuencia por defensores y opositores, para que la opinión pública quede como el que se elevó: en el aire. Circunstancia que aprovechan los políticos para manipular masas a favor de sus intereses electorales. Dos casos relevantes (para mencionar dos, no más) se ventilan actualmente, que mantienen a los ciudadanos como si presenciaran un juego de tenis, oscilando la cabeza de un lado para otro, para escuchar argumentos en pro y en contra: la extracción de petróleo mediante el sistema “fracking” y la explotación de oro en zonas protegidas. En ambos casos, es notorio el interés económico de técnicos y ejecutivos financieros, que tratan de seducir a las poblaciones afectadas con desarrollo social, generación de empleo, infraestructura vial, divisas, impuestos… Mientras que los opositores aparecen como románticos ecologistas, que defienden el hábitat de la fauna nativa, las fuentes de agua que sirven a comunidades numerosas, los bosques que mantienen el equilibrio ambiental, el paisaje que estimula el turismo y la explotación agrícola para garantizar la autosuficiencia alimentaria, el bienestar de los campesinos, las exportaciones menores y la reducción de latifundios improductivos que solo alimentan la avaricia de los terratenientes.
En tal debate tienen las de ganar los altos ejecutivos del equipo económico oficial y los representantes de poderosas multinacionales, a quienes, desde los cómodos sillones de sus despachos, en presencia de estadísticas financieras que se sustentan en videos multicolores, solo les seducen las cifras macroeconómicas. Los opositores de la agresión extractiva, en cambio, son presentados por los prepotentes tecnócratas como mochileros revoltosos, que sueñan con paraísos de árboles, aves, peces, pequeñas especies de mamíferos y fuentes de agua pura, envueltos en volutas de marihuana.
Detrás de ese debate -¡cuándo no!- se agazapan los políticos a pescar recursos económicos, altos cargos o votos. Los unos son congresistas, magistrados y funcionarios decisorios en la legalización de proyectos extractivos, la validación jurídica de los mismos y el otorgamiento de licencias ambientales. Los otros son dirigentes políticos regionales y líderes comunales, que organizan marchas de protesta en las poblaciones objeto de las pretensiones extractivas de petróleo, oro u otros minerales, con proclamas de que “el oro no se come” o “el petróleo no se bebe”, que suenan lógicas y muy emotivas, les procuran votos a los políticos locales y ponen en riesgo las vidas de románticos activistas. Es lo único claro.
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