Los objetivos de cualquier administración, para que tenga éxito, tienen que ser coherentes, normativos, controlados, atentos al cambio y continuados. Además, tener los administradores principios, más allá de intereses personales, que, por supuesto, son legítimos, pero que muchas veces se ponen por encima de las responsabilidades de un cargo, especialmente cuando tienen que ver con recursos públicos y con la comunidad. 
Partiendo de ahí, es fácil descubrir el porqué del fracaso sistemático de la administración pública, sujeta a las veleidades de la política, cuando a quienes la ejercen no se les indaga sobre sus conocimientos y experiencia, y se analizan sus habilidades, sino que se les solicitan títulos que acrediten grados, posgrados, diplomados, maestrías y una lista de etcéteras, la más importante la que indaga por “¿quién es su papá?”, que no se refiere al progenitor del candidato al cargo público, sino al padrino político.
El defecto de no verificar los aprendizajes contenidos en tales títulos académicos es que la falta de ética y el mercantilismo, favorecidos por la tecnología informática, han creado una oferta insólita de acreditaciones profesionales, que para obtenerlas basta con enviar al proveedor datos personales mínimos, el detalle de las aspiraciones académicas del candidato a “doctor”, consignar en una cuenta la suma señalada y “abra, corte, pegue e imprima”, que ahí sale el diploma de sugestiva presentación, con el que cualquiera puede aspirar a ser ejecutivo de una entidad oficial. Lo que viene después, por sabido se calla: malos manejos, desconocimiento de los contenidos del cargo, atraso en los objetivos del sistema, pérdida de recursos fiscales, malas inversiones y, en términos generales, desgobierno, contra el que se han ensayado infinidad de fórmulas, pero ha prevalecido la astucia de los vivos, apoyados por los jefes políticos, a quienes solo les importan los votos con los que se incrustan en todas las instancias del Estado, a disfrutar las mieles del erario hasta el día del retiro. Pero para entonces ya tienen escogido el sucesor, normalmente un pariente cercano, para que los honorarios no salgan del entorno familiar.
Aparte de la inepcia de los funcionarios públicos, los gobiernos sufren de una perniciosa discontinuidad en los procesos, porque las movidas electorales exigen el relevo de los altos funcionarios, para cumplir con cuotas burocráticas acordadas y acomodar a quienes han apoyado a los elegidos, sin importar que se interrumpan procesos que marchan bien, para que se luzca el recién venido. Por esa razón se da el caso de ministros que se rotan carteras vitales cada año o año y medio, circunstancia que aprovechan los mandos medios para apoderarse de los procesos administrativos, con los resultados que son bien conocidos, o bien lamentados, mejor.