Después de décadas de secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal, entre otros delitos, las Farc amasaron una inmensa fortuna, pero hoy pregonan su pobreza para hacerle otro conejo al país y convertir el Acuerdo Final en una gran operación de lavado de activos. 
En la “prensa oficial” -El Tiempo- del 6 de junio me topé con una de las grandes incoherencias del Acuerdo. Mientras en lugar discreto se anunciaba que está “Listo el dinero para el partido de las Farc” -3.565 millones de pesos de sus impuestos, amigo lector-, en primera página el fiscal destapaba la riqueza fariana, que va en la bicoca de 1,1 billones de pesos en activos ya incautados, pero que sorprenderá al país cuando arroje más resultados el trabajo de 300 investigadores que examinan 5.500.000 archivos electrónicos, acopiados por la fiscalía en más 50 mil procesos durante los últimos años, sin que nada se hiciera con ellos hasta ahora. Cómo creerle al presidente cuando, en abril de 2016, afirmaba que “No hemos logrado detectar esas fabulosas cuentas que dicen que tiene las Farc”.
Y como “plata llama plata”, además de la escondida en 900 caletas, según cifras de Timochenko, de la colocada en paraísos fiscales y de la que el Gobierno “tiene lista”; a la que les venga en gana declarar el 1º de agosto, según manda el Decreto 903 de 2017, ya le encontraron la “voltereta” en el decreto mismo, para que llegue lavada a financiar el ingreso de las Farc a la política. 
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, denunció públicamente la trampa escondida en el Decreto 903, emanado de la Comisión de Seguimiento y Verificación, que es donde Gobierno y Farc redactan decretos presidenciales y proyectos para “fastraquear” en el Congreso. Según su artículo 4º, los recursos del Fondo Fiduciario constituido con bienes de las Farc, se destinarán a la reparación de víctimas y “a la implementación de los programas contemplados en el numeral 3.2.2 del Acuerdo Final”, pero el fiscal encontró que el tal numeral se ocupa de la reincorporación económica y social de las Farc, incluyendo su cooperativa, su centro de pensamiento y sus proyectos individuales o colectivos, y como si fuera poco, que la administración del Fondo se decidiría por “recomendación” de la bipartita Comisión de Seguimiento, es decir, con discusión previa y consensuada con las Farc. 
Como era de esperarse, las Farc arremetieron contra el fiscal, al punto de poner al ministro del Interior a exigirles respeto. El comisionado Jaramillo, ante la contundencia de los argumentos, terminó calificando el decreto de “chambonada” y el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, se apresuró a anunciar que el Gobierno alistaba otro proyecto para reglamentar esos recursos, mientras El Tiempo editorializaba descalificando las denuncias como “tormenta innecesaria”.
“No es un asunto menor” le replicó el fiscal al director del periódico, advirtiendo que el Decreto podía materializar el propósito del Acuerdo del Teatro Colón, que en materia de los bienes de las Farc, “sibilinamente recurre a una jurisprudencia para preservarle a los desmovilizados una parte de sus recursos ilícitos”, al tiempo que denunció la participación de las Farc en las decisiones sobre el Fondo Fiduciario, como “una profunda merma a la soberanía presupuestal del Estado”. Definitivamente, una tormenta necesaria en defensa de las instituciones. 
Nota bene. Lluvia de regalos. Mientras el Gobierno quiere devolverles a las Farc su plata mal habida, y mientras se materializan las 16 curules gratis, que no son para las Farc, pero sí para sus zonas de influencia y sus “comunidades”, Odebrecht le regalaba a la familia Parody una carreterita pavimentada