En rueda de prensa del 30 de agosto, la vicepresidenta y los ministros del Interior, Defensa y Agricultura les dieron 48 horas a los indígenas del Cauca para desalojar las fincas invadidas, 24 según el portal del Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC. La respuesta fue retadora y hasta linda con el Código Penal, que poco les importa pues tienen su propia justicia: No solo no desalojan, sino que seguirán invadiendo.
Nada llena las exigencias indígenas; de nada valió que el presidente les diera la Embajada ante Naciones Unidas, la Unidad de Víctimas y la de Restitución de Tierras, esta última a un vocero del CRIC, una organización que, desde hace años y alentada por el garantismo de la Constitución del 91, levantó la bandera de “la recuperación de la madre tierra” con base en “derechos ancestrales” que desconocen la realidad de la conquista, injusta y depredadora, sí, como todas las conquistas, pero de ahí a pretender derechos de propiedad con más de cinco siglos hay mucho trecho.
Ahora bien, los indígenas no son precisamente unos desposeídos. Su población no sobrepasa los dos millones, de los cuales el 58% vive en 717 resguardos que suman 35 millones de hectáreas, según la ANT. Que mucha de esa tierra es de conservación, sí, pero no toda; que no es la mejor tierra, puede ser, pero tampoco la peor, y son más de 10 millones de hectáreas productivas, y al final, qué reclaman, si ni siquiera pagan predial, pues los municipios donde están ubicados le pasan la factura del predial indígena al Presupuesto Nacional; es decir, se lo pagamos entre todos.
Pero no son solo los indígenas; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, no conforme con el compromiso del presidente con las Zonas de Reserva Campesina y el Fondo Gratuito de 3 millones de hectáreas, publica un comunicado, en el portal del CRIC para variar, donde anuncia su propia Reforma Agraria Integral y Popular, con la meta de ¡10 millones de hectáreas! en “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.
El anuncio gubernamental de que “habrá reforma agraria”, como las de siempre, basada en la redistribución de la tierra, como si la sola propiedad produjera riqueza, y no en la generación de condiciones para volverla productiva y hacer digna la vida rural, ha desencadenado invasiones de comunidades que se sienten autorizadas a anticiparse a la reforma, o de invasores a sueldo que generan violencia con oscuros intereses, o mejor, con intereses sabidos: los del narcotráfico.
Son señales inquietantes; la última es el nombramiento de Gerardo Vega, quien perteneció al EPL, y abogado de presuntas víctimas de despojo, como director de la entidad encargada de ejecutar la Reforma Agraria, la Agencia Nacional de Tierras.
Mientras tanto, pasaron las 48 horas y… las invasiones siguen; hoy son más de 50 en 18 departamentos.