No me refiero a los “cero muertos” del parte de éxito de la alcaldesa después del partido en Bogotá, sino a los que vendrán, camuflados en las redes de contagio.
Basta escuchar el clamor de médicos y epidemiólogos para asegurar que esos jolgorios sin control, con niños, licor, pólvora y la expansión de saliva a borbotones, a través de vuvuzelas y gritos exaltados, tendrán su costo en contagios y en vidas.
Después de lo sucedido en Cali, las asociaciones médicas advirtieron del peligro y, con toda la autoridad moral y científica, exigieron medidas, que las hubo, pero atropelladas e insuficientes.
Suspender el servicio de Transmilenio fue un atropello contra los bogotanos, la ley seca fue burlada ante las cámaras y el toque de queda de medianoche fue un chiste que permitió el desenfreno.
Las explicaciones de la Alcaldesa rayaron en el absurdo: “Más que las aglomeraciones, queremos celebración pacífica”, anunció antes del partido. Y claro, no solo las toleró sino que las organizó, de acuerdo con las barras para que  “en vez de que estuvieran dispersos en celebraciones difíciles de controlar, tuvieran dos puntos”, o sea, dos grandes aglomeraciones; lo contrario a lo que establecen las normas sobre distanciamiento y el sentido común.
Se equivocó, porque el asunto no era de riesgo de violencia sino de contagio y muerte; y porque, además de las normas de la pandemia, el Código de Policía prohíbe las fiestas en espacio público, y lo que vimos  fue dos grandes fiestas, mientras la Policía, simplemente…, miraba.
Después del partido afirmó que “5.000 personas es una mínima parte de lo que hay en un centro comercial todos los días, así como no hemos cerrado centros comerciales, tampoco íbamos a impedir que hubiera celebración organizada”. Lo de “celebración organizada” es otro chiste, como el de comparar el flujo ordenado a un centro comercial, con ¡5.000 personas! gritando, bebiendo y abrazándose sin tapabocas.
Me produjo indignación ese espectáculo, sobre todo porque, días atrás, la alcaldesa no les permitió a los paperos vender su producto en las calles de la ciudad, que ni iban a ser 5.000 ni iban a generar semejante desorden.  
Pero hubo más culpas: la mezquindad del negocio impidió que los partidos fueran vistos por televisión abierta, limitando ese privilegio a los suscriptores de un canal del grupo RCN y DirecTV, del que es socia la Dimayor. No estaban obligados a nada, pero hay algo que se llama “responsabilidad social empresarial”.
La alcaldesa, como siempre, culpó al Gobierno Nacional, eludiendo sus responsabilidades como Jefe de Policía y, sobre todo, con la salud y la vida de los bogotanos. Al final, Cali y Bogotá llorarán  sus muertos del fútbol.
 Nota bene. Comienza otro año difícil, pero con la esperanza de la vacuna, la recuperación y el fin del aislamiento. Recibámoslo con optimismo.