Jorge Raad


En todas partes del orbe, la salud de los habitantes es un tema sensible, y aunque es prioritario no siempre los Estados lo consideran así. Indudablemente salud es un concepto amplio que no está restringido a enfermedad. Las enfermedades tienen varios aspectos que le son propios y distintos entre los pobladores de los continentes. Una de las variables importantes de la enfermedad es su control o erradicación. De atención de las enfermedades están encargadas las instituciones adecuadas, no siempre especializadas, y las personas capacitadas, no todas médicos.
El derecho a la salud es natural y se tiene, sin discriminación, con el solo hecho de existir. Aunque la premisa es cierta, el derecho no siempre se otorga y tiene inequidades, como en Colombia. La atención debe ir hasta la rehabilitación. Cuando ello no es posible se le deben brindar al paciente mecanismos para una vida digna hasta el final.
La atención en salud tiene varias etapas, una de ellas son los servicios de urgencias de las instituciones habilitadas, a las cuales acuden los enfermos cuando necesitan que se les atienda con premura.
Hace unos días fue dado a conocer un estudio nacional realizado por la Defensoría del Pueblo durante agosto del 2019, titulado: Informe Defensorial (sic) - Derecho a la Salud Monitoreo a los servicios de urgencias de IPS en Colombia. El amplio y oportuno estudio, que debió ser realizado previamente por otras entidades como cumplimiento a su compromiso social, fue hecho en 38 ciudades. Manizales fue una de ellas y se investigaron dos instituciones oficiales y tres privadas.
El documento textualmente informa: Los elementos del derecho monitoreados en los servicios de urgencias fueron (i) la disponibilidad como garantía de la existencia, suficiencia y distribución equitativa de servicios con tecnologías en salud, personal competente y programas, entre otros elementos; (ii) la accesibilidad en las cuatro dimensiones: física, económica, de no discriminación y de información, con énfasis en esta última dimensión; (iii) la calidad como servicios apropiados científica y médicamente, con estándares para la atención y mejores prácticas, para ello se tomaron dos elementos trazadores: la oportunidad y la idoneidad del talento humano; y (iv) la aceptabilidad en cuanto al respeto a la ética médica y a las necesidades locales, las costumbres y la cultura y la participación de la comunidad, todo esto enmarcado en el trato digno no solo a los pacientes, sino también a todo el talento humano en salud.
En sentido estricto habría que reformular teóricamente varios de los elementos planteados, aunque los resultados se conserven porque ellos son producto del estudio. Los datos merecen interpretación y alcance mediante múltiples y profundos análisis.
El mismo estudio pregona: Los principales resultados evidencian fallas en cada uno de los elementos, que son posibles vulneraciones al derecho a la salud, por lo que son necesarias acciones de política pública y en cada una de las funciones del sistema de salud para garantizar la disponibilidad con equidad y suficiencia en todo el territorio nacional, la atención libre de barreras de acceso, los servicios con calidad reflejada en oportunidad, pertinencia, idoneidad, continuidad, entre otros, y la aceptabilidad a través de un trato digno para pacientes y equipo de salud.
Todo ello es conocido y sentido por los colombianos. Lo que se evidencia es apenas una muestra, basados en los análisis de las encuestas y visitas practicadas a las 170 instituciones analizadas. Hay que plantear de manera hipotética lo que sucede en las ciudades e instituciones no estudiadas. En Caldas no se incluyeron otros municipios, y los datos dispersos que se tienen indican que la situación puede ser igual o peor a lo que sucede en Manizales.
Los numerosos resultados plasmados, aunque no estén diferenciados por las distintas y particulares entidades, dejan entrever varios aspectos críticos que atentan contra las personas enfermas y sus allegados, ignorando sus necesidades y ultrajando su dignidad.
Es necesario que todas las autoridades, sanitarias o no, analicen el documento. Lo mismo deben hacer las entidades académicas, asistenciales, gremiales y sindicales. Igualmente se debe llevar de manera sencilla a toda la población, para promover estudios y mejoras en sus propias instituciones IPS.
Nota: Manizales universitaria es un derecho.
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