Hay varios escollos para los jóvenes que quieren ingresar por primera vez al mercado, horrible palabra, laboral. El más difícil de eludir es el que exige experiencia a los recién egresados de las instituciones de educación superior, técnicas o tecnológicas. 
Sin demostrar fehacientemente que se tiene experiencia, buena o mala, es difícil aspirar a un cargo y por ende su vinculación a la empresa o institución, sin importar el tipo, se ve frustrada por no tener los requisitos exigidos.
No importan los éxitos estudiantiles, de principio a fin. Casi que no tendría preeminencia aunque su trabajo de grado obtuviera una extraordinaria calificación, inclusive la que determina una valoración de Cum laude.
Si en un concurso, público o cerrado, quien obtiene el cargo no cumple con todos los requisitos exigidos, uno de ellos experiencia, aunque sea una persona con valores humanos demostrados y su paso por los estudios superiores haya sido meritoria, la vinculación puede ser demandada por falta a la equidad.
Algunos mienten y con diversas estrategias manifiestan periodos de experiencia hasta cuando se descubre la verdad. Pero si se falsifican títulos, ¿qué no sucederá con hechos menores?
Para solucionar lo anterior, en buena hora, ha sido aprobada por el Congreso una ley que permite que los egresados entre 18 y 28 años de edad homologuen a experiencia algunas actividades realizadas durante sus estudios superiores. La lista es larga, pero allí se encuentran el mal llamado internado, las prácticas, las pasantías, los contratos laborales, la participación en grupos de investigación debidamente establecidos, las actividades de docencia-servicio, los consultorios jurídicos y por extensión los pésimamente denominados servicios sociales obligatorios o las judicaturas. En tal sentido las plantas de personal de los nuevos cargos estatales deberán ser modificadas en un 20%.
Igualmente se autoriza la homologación de la experiencia por títulos adicionales obtenidos en instituciones de educación superior, hay que agregar debidamente autorizadas e internacionales con títulos convalidados. Es una excelente decisión.
La nueva norma, afortunadamente, reconoce la calidad del estudiante y le otorga equivalencias entre su rendimiento y los años de experiencia requeridos.
Habrá que esperar en la reglamentación la diferencia entre actividades pagadas o compensadas para homologarlas a experiencia. También se debe incluir la equivalencia de tiempos. Por ejemplo, un mes de internado en medicina, no debe ser igual a un mes en grupo de investigación, donde actividad y dedicación deberán ser establecidas previamente.
Merece destacarse la intención de la ley, porque destraba la realidad en que no hay trabajo sin experiencia, y ésta no existe sin labor. Pero lo que pudo ser una norma explícita y sencilla, en que se regulara la exigencia de previo o previos empleos para aspirar al nuevo cargo, podrá convertirse en una ley que compromete los estudios superiores si no queda bien reglamentada respetando la autonomía universitaria.
Hoy, cuando los sitios de práctica y tiempos dedicados a estas actividades están comprometidos su disminución o eliminación, aparece la norma en donde se les otorga tanta importancia que puede comprometer el futuro del egresado. ¿Cómo se manejarán los tiempos y actividades entre entidades educativas privadas y estatales? Y, ¿cómo valorarán las entidades contratantes estas diferencias reales?
Finalmente: ¿Dónde queda la experiencia o para qué sirve? Cada quien debe contestar, previa reflexión.
No es el camino
El señor presidente de la República le ha ofrecido el pueblo de Colombia, a su homólogo de los Estados Unidos de Norteamérica, para que sirva de experimentación, necesaria, para la evaluación final de la posible vacuna contra el virus Corona, a cambio de que el país sea tenido en cuenta para recibir dosis del biológico protector. No hay nada que decir. El gobernante puede estar mal asesorado o mal informado. Solo los investigadores deciden, previo protocolo.
Nota: Manizales universitaria merece ser Ciudad Universitaria.