El 27 de diciembre pasado le envié un derecho de petición al ministro de Salud, Fernando Ruiz, preguntándole por el negocio de las vacunas entre el gobierno y las trasnacionales Pfizer y Astrazéneca. Y ni siquiera tuvo la cortesía de responderme la carta, por lo que debí interponerle una tutela, al tiempo que otros colombianos también reclaman la información a la que tenemos derecho. ¿Por qué es tan importante que haya transparencia en este proceso?
Como los mentirosos no faltan, empiezo por reiterar que siempre he sido partidario de las vacunas. Porque le han evitado a la humanidad numerosísimos muertos, lisiados y enfermos. Y porque ratifican un mensaje que suele olvidarse o tratarse muy mal en el sistema de salud colombiano: es mejor prevenir que curar o lamentar.
Pero que sea correcto vacunar no significa que nada más importa y que puede impedirse conocer y debatir al respecto y, mucho menos, utilizar la palabra “confidencial” para volver secretas todas las cláusulas de las compraventas de las vacunas, secretos que además son solo para la ciudadanía, porque los detalles sí los conocen las trasnacionales fabricantes y vendedoras de las vacunas –las promotoras del tapen-tapen– y el alto gobierno que se les somete. Y son transacciones que no se pagan con la plata de los funcionarios, sino con los recursos públicos, que salen de los bolsillos de la gente.
Como se sabe, los riesgos del secretismo y la corrupción aumentan cuando los negocios son colosales, como este de vacunar a miles de millones de personas en todo el mundo, negocio que además está montado sobre las patentes, y patentes significan monopolios y monopolios quiere decir poder abusar de los precios que imponen y de las condiciones de venta. Y las llamadas Big Pharma –las farmacéuticas globales– cuentan además con el apoyo de unos Estados muy poderosos para lograr sus fines.
Ni yo ni nadie estamos preguntando por las fórmulas industriales de las vacunas, que de seguro no aparecen en los contratos, sino por cosas tan simples y que deben ser públicas como las fechas en que se pactaron los negocios, el precio que nos cobrarán por las vacunas y cuándo las entregarán. ¿Por qué avergüenza que se conozcan los precios? ¿Ocultarlos es clave para imponer la menor competencia y los precios más altos que resultan del monopolio? Si los contratos con Colombia ya están formalizados, ¿por qué no se sabe cuándo empezarán las vacunaciones o es que no están pactadas las fechas de entrega o pueden modificarlas a su arbitrio? Ante la decisión de Pfizer de retrasar sus entregas en Europa, ¿también le impondrá aplazamientos a Colombia?
Es hasta cómico, además de autoritario, que el jefe político del gobierno –el presidente Iván Duque–, nada menos que quien supo reclutar para su cauda a las mayorías políticas del Congreso, ataque a quienes con todo derecho preguntamos, acusándonos de “políticos”.
Al mismo tiempo, están tramitando un decreto del ministro de Salud que ratifica el secretismo y abre las puertas para que alcaldes y gobernadores consigan vacunas en el mercado mundial, auténtico disparate porque es obvio que estos son más débiles que el gobierno nacional a la hora de negociar con las trasnacionales. Y el decreto también permite convertir las vacunas en negocio de particulares, hueco por el que puede colarse que el orden de las vacunaciones no lo definan los criterios técnicos de signo democrático, sino la capacidad de pago del vacunado, en detrimento de pobres y clases medias.
Dada la mediocridad del trámite de las vacunas para los colombianos –como lo confirma que ya haya 49 países vacunando y que aquí el gobierno ni se atreva a dar la fecha en que se empezará a aplicarlas–, puede terminar en grandes fallas la sin duda muy compleja operación logística de aplicar 30 millones en diez meses, unas cien mil al día, en especial si el gobierno sigue en la actitud de no orientar ni controlar con precisión a las EPS, como ha ocurrido desde marzo. Hago votos para que sean capaces de hacerlo bien.
Coletilla: A propósito, ¿por qué sigue también en secreto el precio de venta de Electricaribe decidido por el presidente Duque y su Consejo de Ministros, negocio en el que todas las decisiones las tomaron servidores públicos y que se hizo viable con gastos oficiales por 8,4 billones de pesos, incluida la cartera? ¡Y el problema somos quienes preguntamos!