En El Espectador del 11 de agosto pasado, Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, publicó un artículo que resume el tercer capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad (CEV), parte clave de los acuerdos que le dieron vida a la Justicia Especial de Paz (JEP), que entre sus fines tiene que se conozca la verdad de la violencia ocurrida por tantos años, para que esa violencia desaparezca y que no se repita.

El artículo da cifras, cifras y cifras –casi increíbles por lo muchas y muy dolorosas– del horror de la violencia que durante décadas se ha adueñado de Colombia y que, para el colmo de los males, aún no termina. Violencia “para mejorar el país” –decían y dicen, equivocados, sus promotores–, que ha tenido mucho de bárbara y cuya esterilidad sintetizó el padre Francisco de Roux con la frase irrefutable del título de este artículo: “No mejoró nada y lo empeoró todo”.

Entre los aspectos positivos del Proceso de Paz está el cada vez mayor reconocimiento del error garrafal cometido con la violencia con fines políticos, incluso por parte de quienes la han ejercido, justificado o aplaudido.

De acuerdo con Gustavo Gallón, “La inmensa mayoría de las víctimas de estas violaciones e infracciones fueron civiles. En el caso del derecho a la vida, el 90%. Existen registros de 450.664 homicidios y 121.785 desapariciones forzadas entre 1985 y 2016. Debido al subregistro de casos, la CEV estima que el total de unos y otras podría superar el millón de personas, entre las cuales se contabilizan 24.600 muertas en 4.237 masacres entre 1958 y 2019. También se incluyen los 6.402 ‘falsos positivos’ cometidos entre 2002 y 2008, y 179.076 asesinatos selectivos cometidos entre 1958 y 2021 contra líderes y lideresas sociales por paramilitares (42%), guerrillas (16%), agentes estatales (3%) y con un 35 % de autor desconocido”.

La Comisión de la Verdad da la escalofriante cifra de 50.770 secuestros entre 1990 y 2018, con 40% cometidos por las Farc, 24% por los paramilitares, 19% por el Eln, 9% por agentes estatales y 29% por autores desconocidos, práctica abominable que no deja de serlo porque se les atribuyan razones políticas, pues, además de la extorsión para sacarle plata a las víctimas, es una tortura continuada para los secuestrados y sus familias y amigos.

De lo peor sucedido son las 32.446 víctimas de violencia sexual y los 7.571 casos de tortura entre 1978 y1982. Y aunque Gallón señala que es evidente el subregistro en estas cifras, también lo considera “una muestra valiosa”.

La población desplazada, en su totalidad civiles, asciende a 8.273.562, con las mujeres aportando el 52% del total. Y suman ocho millones de hectáreas las tierras rurales de las que despojaron a 537.503 familias entre 1985 y 2013.

Con toda la razón, Gustavo Gallón concluye su artículo con una especial repulsa a que los combatientes legales e ilegales convirtieran el control de la población civil en un “objetivo de alto valor para ganar la guerra”, confrontación en la que las gentes sencillas de Colombia, como lo corroboran la historia de lo sucedido y estas abrumadoras cifras, nunca ganaron nada.