El alcalde de Manizales, junto con los supuestos representantes del paro y el Ministerio Público, expidieron un comunicado que causa indignación, desasosiego, intenso dolor y decepción de Patria. Deciden lo siguiente:
 “El ESMAD y la Policía de armadura verde no serán visibles durante las marchas y las protestas”. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de que nuestra fuerza pública se esconda, repliegue, acobarde, doblegue y asuma una posición vergonzante? Las armaduras del ESMAD y la Policía tienen un efecto persuasivo que en nada afecta a quienes ejercemos nuestros derechos dentro de la legalidad. Si Usted es un ciudadano que sale a expresar sus pensamientos, a protestar dentro de los cánones constitucionales, a manifestarse dentro de la cordura y la racionalidad, ¿por qué le preocupa que la fuerza pública, debidamente identificada, haga presencia en esas manifestaciones? ¿No es peor el desborde de vándalos encapuchados, que terminan siendo asaltantes y terroristas anónimos, cobardes y despiadados?
 “En caso de desmanes, daños de bienes públicos y privados u otra alteración que obligue la intervención del ESMAD para recuperar el orden público en algún punto de Manizales, este grupo no seguirá a los manifestantes en los barrios aledaños, a menos que alguno de los habitantes de dichos sectores solicite la intervención de la fuerza pública”. ¡Absurdo! O sea que si un grupo de vándalos decide, por ejemplo, incendiar la Gobernación o la Alcaldía, o asaltar un banco o supermercado, ese grupo empieza con la garantía de que la fuerza pública estará ausente durante los primeros y definitivos minutos del asalto; posteriormente podrán salir con su botín o con la saciedad del daño causado hacia los barrios aledaños y, por disposición del alcalde y el Procurador, no podrán ser perseguidos, acosados, controlados, ni mucho menos capturados en flagrancia, por lo que se les está garantizando total impunidad.
 “Los líderes de las marchas realizarán intermediación con el Ministerio Público cuando se presenten desmanes, disturbios y otras alteraciones del orden público antes de que se produzca intervención de la fuerza pública. Esto con el fin de lograr acuerdos que permitan el levantamiento y cese de estas acciones.”. ¡Qué tal! Ubiquémonos en el caso anterior: los terroristas atacan los edificios públicos o comerciales y, antes de que la fuerza pública pueda entrar a controlarlos, debe mediar una conversación entre el Ministerio Público y sus líderes. Entonces también se garantizará, además de la impunidad, la posibilidad de fuga total de los criminales sin que la fuerza constitucional pueda actuar.
 “De esta forma, también se pretende no empañar la manifestación pacífica y evitar situaciones que pongan en riesgo a quienes protestan y a los ciudadanos en general”. ¡El colmo! Si la manifestación es pacífica no se presentarán “desmanes, disturbios y otras alteraciones del orden público” (ejemplo: Cali) y por consiguiente la ciudadanía estará libre de riesgo. Otra cosa es que exista la pretensión de causar los desmanes y entonces el Estado, muy por el contrario de lo que decide hoy el alcalde, debe proteger no a los delincuentes, vándalos y terroristas, sino a los ciudadanos que estamos siendo afectados por sus actos ilegales y requerimos de la fuerza pública para que nos defienda.
 Es verdaderamente lastimoso ver cómo el Estado, representado en este caso por el alcalde y la procuraduría, claudica a ejercer sus deberes constitucionales y, de paso, somete a la fuerza pública a la peor humillación. ¡No hay derecho! La policía está conformada por miles de seres honestos, dedicados, trabajadores y cumplidores de su deber; y su sola presencia debería ser carta de garantía para los ciudadanos. Pero someterla de esta forma y relegarla a un papel de parias por la sola voluntad del terrorismo y el vandalismo, es entregar su dignidad y apalear su moralidad. ¡Terrible!
 ¡No, alcalde! Usted no puede derrotar la institucionalidad para evitar su impopularidad. Usted se debe a los ciudadanos que ejercemos nuestros derechos y respetamos los de los demás. Claudicar de esta manera y humillar a la institución que, entre otras cosas, lo cuida a usted de manera permanente, no solo es injusto y degradante, sino inconstitucional e ilegal. Y a la Procuraduría no le queda bien estar alcahueteando estos actos de degradación y segregación.