La reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, es el mayor golpe que recibimos los colombianos después de más de un año de crisis monetaria generada por la pandemia.
Podríamos aburrirnos en este espacio especulando sobre las disposiciones propuestas que, por donde se les mire, conllevan injusticia, desequilibrio, afectación personal y patrimonial y un costo político inmenso que será definitivo para las elecciones presidenciales de 2022.
Pero preferimos hacer un análisis más práctico, reconociendo que una propuesta de esta naturaleza es el mayor y definitivo aporte que hace Iván Duque a la campaña de Gustavo Petro. Porque este último, experto en pescar en río revuelto, y en revolver los ríos para enriquecerse con su pesca, viajará cómodamente en esta alfombra mágica que el propio gobierno nacional le tiende para que se despache en su contra sin posibilidades de defensa. Es decir, en la práctica, Petro no pudo haber conseguido mejor jefe de debate y promotor de su campaña que Iván Duque Márquez, a quien cada vez más se le recorta su capacidad de acción, y se le agota el tiempo para recomponer su camino.
Porque Iván Duque llegó a la presidencia ofreciendo soluciones que nunca implementó. Una de ellas era el recorte del Estado y la disminución de entidades inútiles que se han convertido en acopio de burocracia y, por supuesto, desgreño económico. Y ya, faltándole solo un año de gobierno, en lugar de proponerlas, las alimenta con decretos como el 272 del 12 de marzo de 2021, por medio del cual se establece una prima sin carácter salarial para los magistrados de tribunal y sus empleos equivalentes, entre el 30 % y el 80 % del salario mensual.
¡Qué indignante! ¿Cómo pagar con “entusiasmo” los impuestos en un país con desigualdades abismales y donde se pretenden recaudar 23,4 billones para supuestamente cubrir una crisis, mientras entidades inútiles, mezquinas y perversas como la JEP, las altas cortes (con su sueldo reajustado), las contralorías, procuradurías, fiscalías y demás entes inoperantes se siguen nutriendo de los bolsillos de un pueblo atormentado, explotado y empobrecido? ¿A quien se le ocurre (a parte de Carlos Marín o Iván Duque) proponer una reforma donde se va a revictimizar al ciudadano de ingresos bajos y medios que está viviendo la peor de sus crisis por causa del covid? ¿Será políticamente correcto; económicamente justo; estratégicamente viable y sensatamente soportable una reforma en estos momentos de incertidumbre?
¿Por qué Iván Duque no presentó a tiempo la propuesta de reforma al Estado usurero, derrochón y perverso, y prefirió convivir dentro de ese estiércol durante todo su mandato? Si no quería asumir el costo político, ¿considerará oportuno enfrentarlo ahora en medio de una carencia absoluta de líderes que puedan aspirar a sucederlo, y bajo la sombra de un ser perverso como Petro que día a día se lucra de sus torpezas?
 No necesita uno ser un experto en economía para concluir que, si la corrupción estatal nos cuesta más de $ 50 billones al año, con que el gobierno se hubiera esforzado por controlar siquiera la mitad, en los cuatro años de gobierno hubiera obtenido más de $ 100 billones de ahorro, con los cuales hubiera cubierto varias veces el déficit actual. Pero una cosa es hacer promesas de campaña y otra, muy distinta, es llegar a gobernar entregándole todo el poder a sus enemigos, y disgustando a sus propios copartidarios que se sintieron relegados e injustamente tratados.
 Es claro que Colombia necesita allegar más recursos a sus arcas para poder funcionar. Pero debería empezar por el recorte del Estado y el control y penalización de la corrupción. Tal vez, en poco tiempo, se daría cuenta de que no hay que sacrificar a los más pobres, sino entregar justicia a toda la sociedad. Y nos evitaríamos este riesgo de que Petro utilice los desaciertos del gobierno para escalar en la intención de voto. El pueblo debe saber que elegir a Petro para salvar al país, sería como tratar de frenar una diarrea a punta de laxantes. ¡Y no estamos para eso!