El revuelo armado por las 16 curules que el Gobierno, en cumplimiento de sus compromisos leoninos para las Farc, se ha empeñado en concederle a las supuestas víctimas en la Cámara de Representantes, ha puesto en grave peligro la institucionalidad del país, y la separación de poderes que ordena la Constitución. Es una situación muy delicada y sin precedentes, pues se quiere revivir un proyecto de acto legislativo que fue archivado por carecer de los votos suficientes y, lo que es peor, acudiendo a los órganos de justicia que, politizados, doblegados y arrodillados al Gobierno, se extralimitan en sus funciones y toman determinaciones que no les compete. Es el preámbulo de una dictadura estilo Venezuela, donde las determinaciones atropellantes son disimuladas mediante el aval de un poder legislativo espurio, y cubiertas con el manto de impunidad otorgado por un poder judicial constituido como mampara del chafarote Maduro. ¡Y nos decían bárbaros porque presagiábamos la implementación del castro-chavismo en Colombia!
Y al margen de esta discusión que quedó aplazada para enero de 2018, la verdad es que si las curules fueran realmente para las víctimas, 16 sería un número ridículo. Porque las víctimas de las Farc no son solamente los desplazados por la violencia: somos más de 49 millones de colombianos a quienes nos ha tocado vivir bajo el terror, el miedo, las amenazas constantes, los secuestros selectivos y las violaciones impunes de nuestros derechos por los terroristas farianos; colombianos que pagamos millonarios impuestos que, a la postre, van a parar a los bolsillos de los corruptos, o a la reposición de activos destruidos por el terrorismo. Y ahí cada uno de nosotros somos víctimas reales, en cada momento y en todo lugar. Porque el proyecto para esas circunscripciones especiales de donde saldrían las nuevas curules, cuando determinaba que allí se votaría por candidatos que no pertenecieran a los partidos previamente reconocidos, no era más que un sofisma, pues la influencia de los grupos terroristas en esas zonas es total y su participación ha sido anunciada y evidente desde hace tiempo, según registros de audio y video que circulan profusamente en las redes sociales.
Pero como en este país todo es posible, de revivirse las curules sería, en la práctica, la revictimización de los desvalidos; la humillación de vastos sectores donde la violencia, el terrorismo, la pérdida de libertades y los actos atroces son pan de cada día a causa de la ausencia del Estado y de las prácticas criminales de las Farc; la demostración del poder otorgado por el Gobierno a unos actores terroristas que obligarían a los electores a votar por sus candidatos velados; sería la imposición de los victimarios que quedarían legitimados por sus propias víctimas en unas elecciones amañadas, constreñidas y descaradamente predeterminadas. ¡Pobre mi país!
Por eso indigna ver a Humberto de la Calle, quien posa como candidato oficial del partido liberal, pero más parece el de las Farc, intervenir en la contienda de las curules exigiéndole al presidente del Senado acatar el fallo del Tribunal de Cundinamarca para que se le dé tránsito a un proyecto que fue archivado, pero guarda un silencio cómplice en relación con los vínculos de los cabecillas farianos en las violaciones contra menores de edad; o indiferente ante el incumplimiento de los acuerdos al no devolver a otros menores; o a entregar las fortunas encaletadas que hoy se le atribuyen descaradamente a las supuestas disidencias; o a reparar a las víctimas de manera efectiva; o a pedir el castigo por los actos atroces y el narcotráfico que siguen cometiendo las Farc; o a entregar la totalidad de las armas con las cuales entrarán a la contienda política marcando una gran desigualdad en las urnas en vastas regiones de Colombia. 
En buena hora los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes se han parado en la raya y han tratado de frenar los desmanes del Gobierno en favor de los terroristas farianos. En buena hora han sacado su casta para defender la institucionalidad del Congreso de la República. En buena hora han tomado la decisión de impedir que en Colombia termine legislando el poder judicial. ¡Buena esa!