En los últimos años se han presentado en Manizales tres importantes iniciativas de planeación urbana, el Macroproyecto de San José, Las Piezas Intermedias de Planificación, y el Plan parcial de La Aurora, por la índole de su alcance y por el impacto que podrían generar en la sociedad están (¿o estaban?) destinadas a convertirse en un extraordinario ejemplo de cómo hacer ciudad, de manera civilizada, y en clara sintonía con la visión contemporánea del desarrollo.
Me refiero en primer lugar al Macroproyecto de San José, un proyecto concebido para renovar un gran sector de la ciudad que aún hoy y luego de aproximadamente nueve años de iniciada su ejecución, se encuentra en un alarmante deterioro físico y social que amenaza, no solo a muchos de sus moradores ubicados en zonas de inminente peligro sino al centro Republicano, institucional y financiero por el nocivo divorcio que existe entre estos dos grandes trozos de una misma ciudad.
El ambicioso proyecto considerado en su génesis como uno de los más importantes del país ha estado “ad portas” del fracaso, por un montón de razones difíciles y hasta penosas de enumerar, desde la arrogancia y desidia de las administraciones municipales que han tenido el compromiso de llevarlo a cabo, la ineficiencia de las estrategias diseñadas para su implementación, la politiquería y la torpe e incipiente planeación. Es el clásico ejemplo de que: “matamos el tigre y nos asustamos con el cuero”.
La irresponsabilidad en su manejo tiene repercusiones de orden social difícilmente revertibles, se ha desplazado a otros sectores de la ciudad un extenso grupo de habitantes de la comuna sin mayor tipo de consideraciones rompiendo un tejido social que había sido urdido durante décadas, condenándolos a una especie de exilio que los obliga a valerse de cualquier artimaña delincuencial para sobrevivir en un ambiente que se torna hostil dada la improvisación en la agrupación de la gente, todo ello contrariando el compromiso de que el Macroproyecto era en principio para los habitantes de San José.  
Incluso para cumplir las obligaciones urbanísticas establecidas en el Decreto 0075 de 2013 y de paso nutrir de dinero a la Administración Municipal para sus programas de vivienda de interés social o prioritario como es el caso del Macroproyecto, se le ha solicitado en repetidas ocasiones a la ERUM y a la Secretaría de Planeación que establezcan los mecanismos necesarios para que los constructores puedan pagar al Municipio el dinero correspondiente a las obligaciones señaladas en este decreto, la respuesta reiterada ha sido: “Esto para nosotros no es prioritario”, una especie de harakiri institucional y un perjuicio para muchas iniciativas de desarrollo inmobiliario que al no tener cómo resolver esta exigencia de ley han tenido que suspender algunos de sus proyectos, en detrimento no solo de su quehacer profesional sino de los programas institucionales de vivienda para familias de bajos recursos.  
Lo más grave aún es que una estrategia de renovación como ésta atrae sobre sí los ojos de un país entero ávidos de conocer sus resultados, que de ser exitosos podrían replicarse en otros lugares. En Manizales concretamente tenemos amplios sectores, sobre todo en la periferia del centro tradicional, que reclaman ser intervenidos para renovar sus ya obsoletas estructuras, que abran paso a una optimización del suelo densificando la oferta de vivienda y de sus usos complementarios, sobre todo en una ciudad con dificultades de expansión como la nuestra. Un “fracaso” en este sentido seguramente echaría al traste o haría cada vez más difícil la posibilidad de modernizar extensas zonas de la ciudad.
Continuará.
El próximo artículo tratará sobre las Piezas Intermedias de Planificación, una iniciativa destinada a dotar el Municipio de los instrumentos necesarios para que el desarrollo municipal se diera de una manera integral, en armonía con la visión que hemos construido a lo largo del tiempo.
Y también sobre el Plan parcial de La Aurora, un proyecto que busca atender las exigencias urbanas de la ciudad teniendo como meta los estándares internacionales, y a nivel local seguir los lineamientos trazados en el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial.