Guillermo O. Sierra


Con seguridad que no estoy diciendo nada nuevo si afirmo que la consolidación de una democracia tiene que ver con exigirle a los gobernantes que deben presentar programas y propuestas concretas, viables, para que los ciudadanos puedan participar de la construcción de un desarrollo productivo y que genere mayores niveles de empleo, es decir, que vean como posibles y probables mayores oportunidades para una vida digna y de alta calidad.
En este sentido, el fortalecimiento de un desarrollo que tenga como centro de atención a los ciudadanos (y a las demás especies vivas) y que, al mismo tiempo, adquiera competitividad territorial es un elemento fundamental para consolidar formas de gobierno y gobernanza modernos y modernizados. Es cierto que nace una desesperanza entre los ciudadanos cuando ven que las políticas tradicionales de desarrollo fracasan a la hora de garantizar un desarrollo humano sostenible. Y esto se presenta, en mayor medida cuando se priorizan programas de infraestructura sin considerar, de manera seria y coherente, procesos económicos y de educación en los ámbitos locales y regionales que podrían adelantar empresas de pequeña escala.
No creo que sea descabellado si se piensa que hay que diseñar estrategias, de forma articulada y colectiva, que faciliten la materialización de oportunidades que, de hecho, existen en el medio: tejido económico local, talento humano importante, y un marco institucional local legal y legítimo. Para decirlo con otras palabras: un Plan de Ordenamiento Territorial, (POT), debe poder integrar la infraestructura con inversión nacional y extranjera de tal forma que dé lugar a programas integrales que faciliten la creación de entornos amigables, a tal punto que se aprovechen al máximo todo el potencial humano y económico que per se existen en Manizales. Así, me parece, es posible enfrentar los enormes desafíos que conlleva esta globalización en la que estamos envueltos, y que supone una mayor competitividad local y regional, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la promoción de un trabajo decente y digno. El gobierno local debe propiciar, siempre y en todo lugar, formas cooperativas, asociativas con los ciudadanos, con el propósito de considerar la creación de estrategias que vayan más allá de lo económico, de lo empresarial y de lo meramente rentable; y por el contrario, que ponga el acento en la consecución de resultados e impactos sustantivos en mejores ingresos, mejores condiciones de trabajo; y, con mayor razón, en el respeto por la naturaleza.
El POT de Manizales, que sufrió una considerable caída en el 2015, se debate de nuevo, por estos días, en el Concejo de la ciudad. Confío en que concejales, administración municipal, gremios y organizaciones de ciudadanos pongan su mejor esfuerzo para encontrar acuerdos, entre otros, que faciliten un mejor desarrollo urbanístico y ambiental, por ejemplo en las áreas de expansión: Vereda Colombia Km 41: El Rosario, Morrogacho, Noroccidental: sector Veracruz, La Aurora; Oriental: La Alhambra; Norte: sector Corinto; y Occidental: sector La Palma. En suma, el POT debe poder planificar y gestionar un territorio que promueva el control y articulación del espacio municipal con el entorno, pensando en la funcionalidad y el equilibrio ambiental; al igual que la protección del patrimonio urbanístico, el manejo adecuado y oportuno de los riesgos, la reducción del déficit de viviendas y una adecuada infraestructura de servicios públicos.
Veo, como muchos ciudadanos, en el POT una inmensa oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, y de fortalecer la convivencia pacífica en un territorio que, desde siempre, le ha aportado a este país, lo mejor de sus ciudadanos. El POT debe estimular una ciudad ordenada y habitable; y, a la vez, competitiva e integradora. Y, ante todo, muy humana.
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