De la planta de tratamiento de aguas residuales de Manizales, (en principio también de Villamaría), se ha venido hablando desde hace ya varios años; ha recorrido, como suele ocurrir en nuestro país con este tipo de proyectos, un camino tortuoso. Veamos:
El 12 de septiembre de 2006, nueve ciudadanos interpusieron en Chinchiná, una acción popular contra los municipios de Villamaría y Manizales, y también contra Aguas de Manizales, Aquamaná y la Corporación Autónoma Regional de Caldas, “…con el fin de que las aguas de las fábricas y las aguas negras sean tratadas antes de llegar al Río Chinchiná, como única manera de recuperar esa fuente hídrica y de suprimir los efectos nocivos de la contaminación sobre este río”.
En fallos de primera y segunda instancia del año 2007, se les otorgó la razón a los accionantes en el sentido de que se estaba “violando el derecho colectivo referido a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución…”.
El sentido de la sentencia contenía la necesidad de construir la obra en un lugar adecuado para recibir no solo las aguas residuales del distrito sur de Manizales, sino todas las de la parte urbana de Villamaría; así, solo hubiera sido necesario un trasvase para llevar también las aguas del distrito norte. Diferencias entre un primer y un segundo estudio y algunas exigencias sobre la propiedad futura de la obra por parte de la administración de Villamaría, violentaron la sentencia y dieron al traste con la posibilidad de ubicar la planta en un lugar considerado en principio, más apropiado. En todo caso las razones técnicas para esta decisión final no fueron claras. Solo sabemos que, aún con la PTAR, el rio Chinchiná seguirá recibiendo las aguas contaminadas de Villamaría.
Ahora bien, luego de las denuncias sobre eventuales vicios en un primer intento de adjudicación en el año 2019, se adelantó en 2021, después de lo que algunos calificaron como una simple pataleta del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, un segundo proceso licitatorio que se ganó el mismo único proponente inicial. Se firmó el contrato el 10 de noviembre de 2021, se pactó una primera fecha para iniciar la obra en diciembre del mismo año, que no se cumplió, y luego para febrero de 2022, que tampoco se cumplió. Finalmente, el acta de inicio se firmó el 13 de abril de 2022. La entrega de la obra para empezar fase de funcionamiento se pactó para agosto de 2023 y su puesta en marcha definitiva para el 21 de febrero de 2024. Todo parece indicar que estos compromisos tampoco se van a honrar.
Entre otras cosas, por la importancia de este proyecto para el mejoramiento de la calidad de vida de parte de los habitantes del Centro Sur de Caldas, por el altísimo volumen de recursos públicos y de cooperación internacional que involucra, por las complejidades técnicas que lo soportan, deberían darse unas relaciones de absoluta transparencia, entre las entidades oficiales contratantes, la firma ejecutora del contrato, y la comunidad. Lo cierto es que lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, nos dice que hay cierta opacidad en el manejo de esas relaciones que la comunidad tiene derecho a conocer. Por eso hacemos algunas preguntas:
¿Fue prudente la entrega de un anticipo de cerca de 40 mil millones de pesos que se fueron directamente a los bolsillos del contratista sin un riguroso plan de gasto que fuera revisado por la interventoría antes de ser gastado, o a través de una fiducia como suele ocurrir? (Lo único que tiene que revisar la interventoría son los extractos de los movimientos de las cuentas del contratista).
¿Qué va a pasar con los sobrecostos derivados del ostensible retraso de la obra ya que a esta altura del tiempo es virtualmente imposible cumplir en las fechas acordadas inicialmente?
¿Y los sobrecostos de los equipos que en este caso son la mayor proporción de la obra? Ha subido el dólar, hay problema con los puertos y el transporte, hay que mandarlos a fabricar fuera del país, traerlos a Colombia y ajustarlos, lo que implicará sin duda meses o años de retrasos.  Me informaron que ya Fypassa (la firma contratista), está pidiendo una adición de 14 mil millones de pesos cuando la obra prácticamente no ha comenzado. 
La PTAR no se terminará en la fecha prometida por el contratista; la PTAR tendrá que tener adiciones para poder concluirse; Fypassa podría (¿?) gastar el dinero del anticipo sin necesidad de entregar un informe anticipado del plan de gasto. Son conclusiones que parecen inapelables después de darle una lectura general al desarrollo del proyecto.
Desde el punto de vista del más elemental ejercicio de control ciudadano nos preguntamos ¿Por qué en Manizales nuestros concursos licitatorios recientes más importantes han terminado con un solo proponente?
Hacer preguntas a veces incómodas y pedir explicaciones a las autoridades públicas sobre decisiones que no entendemos, son también actos democráticos.