Se han conocido en los últimos días dos propuestas encaminadas a unificar el calendario electoral colombiano. Exageradas, casi histéricas, las reacciones no se han hecho esperar. Desde todos los flancos se fustigó la iniciativa y se la calificó de inoportuna, descabellada, delirante…, y alguien dijo que era un golpe de estado. Apenas natural la resistencia si se acepta que reformar un sistema electoral es de las cosas más problemáticas en una democracia: ello implica la posibilidad de cambiar las reglas de juego para constituir el poder público, distribuirlo, y definir las características de su ejercicio. Por lo general las reformas electorales casi nunca encuentran el momento oportuno, no ganan consensos con facilidad, y generan debates crispados entre los actores involucrados: nadie con el poder de cambiar el statu quo va a contribuir fácilmente a transformar el estado de cosas que le ha permitido ese privilegio.
La iniciativa no es nueva pero su discusión se ha agotado siempre en la coyuntura (la de ahora es la pandemia). Tal vez porque siendo un tema importante, solo toca un componente de lo que tendría que ser una reforma más completa del sistema político.
Las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de Colombia no son propiamente virtuosas y edificantes; están mediadas en buena parte por un trato de naturaleza clientelista que confina al Legislativo a una condición subalterna frente al Gobierno, y a este lo acorrala con todo tipo de presiones presupuestales y burocráticas.
En medio de la maraña de transacciones espurias, se debilita el rigor del control político y pierde sentido uno de los elementos sustanciales del estado democrático de derecho, la separación de poderes.
Para muestra un botón: hemos tenido durante la pandemia un Congreso ausente que le ha permitido al Presidente legislar sobre lo humano y lo divino, sin control político, y a riesgo de haber menoscabado derechos ciudadanos fundamentales.
Con la posibilidad de listas abiertas se han encarecido los costos de transacción entre estos dos órganos del poder público: al desdibujar, y casi hacer desaparecer de este escenario de representación de intereses, los partidos políticos, estos pasan a ser sustituidos por los congresistas individualmente considerados.
Elegir Presidente y congresistas en momentos distintos, debilita, en principio, la posibilidad de construir un discurso de consenso que sintonice a la opinión con las urgencias del momento en los ámbitos legislativo y gubernamental. Muchos daños le han hecho al sistema presidencial los gobiernos divididos, es decir, aquellos en donde el ejecutivo no cuenta con mayorías parlamentarias. Listas abiertas y gobiernos divididos son lastres de la democracia colombiana que deben ser removidos.
En el marco de un Estado tan centralista como el colombiano, donde los gobiernos territoriales son la reproducción a escala de la administración nacional, de la cual dependen hasta la manumisión, no existe ninguna razón de peso que justifique su formación trascurrida la mitad del mandato presidencial; la llegada de nuevos gobiernos locales y departamentales plantea, al contrario, enormes asimetrías entre los planes de desarrollo, más aún cuando aquí la planeación se construye de arriba hacia abajo y no al contrario como debería ser.
Creo que va siendo hora de asumir con seriedad la necesidad de cambiar drásticamente nuestro sistema electoral: sin ninguna duda, la corrupción, el peor de nuestros males, se incuba y expande a partir de unos arreglos institucionales que como el calendario electoral, las listas abiertas, la hibridez centralismo-federalismo con la circunscripción nacional para Senado, son funcionales a su profundización.
El problema es que un Gobierno extraviado en la ridiculez de aparentar que ha salvado al país con 50.000 dosis de vacuna cuando somos uno de los últimos países del mundo en iniciar el proceso de inmunización, no tiene tiempo de pensar en las grandes reformas que reclama nuestro Estado a fin de lograr que sea menos fallido, menos ausente, menos ineficiente y menos ladrón.