En un documento de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) manifiestan que “el año 2022
debería ser el año de las reformas estructurales”. El gremio empresarial considera que el país está en mora de acometer reformas en los temas pensional, tributario, laboral, justicia, y de mercado de capitales.
Colombia ha sido un país históricamente mezquino con las reformas: nunca hicimos, por ejemplo, una reforma agraria, y cuando la intentamos, nos devolvimos. Aunque sigue siendo un asunto pendiente, no tanto ya desde el punto de vista económico como político, el último intento en una perspectiva de instrumentalización institucional, lo enterró el actual Congreso en complicidad con el Gobierno.
Múltiples dilemas irresolutos que a tes hacían parte de categorías morales y que hoy están situados en el ámbito de los derechos, no han encontrado su cauce normativo, e hibernan entre un Congreso perezoso y una Corte Constitucional que a veces lo intenta, pero no se atreve.
Nos demoramos demasiado para reformar la Constitución de 1886 y muchos de los principios consagrados en la nueva Carta de 1991 no han tenido desarrollo suficiente como es el caso de un nuevo ordenamiento territorial del Estado.
Todas las propuestas de reformas estructurales que señala la ANDI, son sin duda necesarias, más aún, impostergables, si queremos crear las condiciones para alcanzar una sociedad justa, equitativa, rica y desarrollada. Condiciones que solo se alcanzarían si tuviéremos un Estado eficiente, eficaz, honrado y cercano a la gente, fundamentado en un marco institucional funcional al control del territorio y al aseguramiento de la paz, el orden y el progreso.
El problema es que no podríamos ni siquiera acariciar esas metas, si no nos aplicamos con seriedad a la política, es decir, al análisis de cómo está funcionando el Estado, cómo se está repartiendo el poder, y cómo se están procesando las decisiones públicas que ponen en actividad al Gobierno y la Administración. En este sentido se hace absolutamente necesario reformar el sistema político y una de sus variables más importantes, el sistema electoral. La Constitución de 1991, buscando acabar con el bipa tidismo, creó un nuevo sistema que los terminó dinamitando; la posibilidad de listas abiertas o voto preferente, extenuó su condición ideológica y los convirtió en meras fábricas de avales. La función de representación de los partidos fue sustituida por la de los congresistas individualmente considerados.
Así las cosas, aumentaron los costos de transacción electoral, y las campañas políticas se volvieron impag bles. El predicamento genuinamente d mocrático “un ciudadano, un voto” se cambió por el de “un peso, muchos pesos, un voto”. Se transformó el si tema de representación de intereses, y los partidos perdieron ese espacio que quedó en manos de personas que no se representan más que a sí mismas, en el mejor de los casos, y en el peor, a quienes las financiaron.
En una democracia las relaciones del Ejecutivo con el Congreso son siempre transaccionales. Esas transacciones con un parlamento donde actúan muchos congresistas y no unos pocos partidos, también se vuelven enormemente costosas, y difíciles. Todo se sacrifica al interés del Gobierno de domesticar a los congresistas para que voten a favor de sus iniciativas.
Se reparte a destajo la Administración, se acomodan decisiones tan importantes como la que tiene que ver con la configuración de los órganos de control, y se entra al pozo negro de la desinstitucionalización por la vía de los arreglos espurios y la imposibilidad de consensos sociales por la carencia de legitimidad. Si no se cambia la política, es imposible adelantar las reformas estructurales que reclama Colombia. La creación de empleo, la superación de las inequidades derivadas de un sistema pensional tremendamente injusto, el avance hacia una reforma tributaria estructural y progresiva, la reglamentación de un mercado de capitales que modere el rentismo y dinamice la actividad productiva, y una profunda reforma a la justicia son algunas de las transformaciones estructurales que exige Colombia: Su viabilidad como la de otras reformas dependerá de las manera como encararemos la reforma política porque es en el sistema político actual donde se incuban buena parte de la repugnante corrupción que padecemos y la ineficiencia del Estado que a todos nos afecta por igual.
POSTDATA: Lo que ha ocurrido los últimos días en Arauca, nos demuestra una vez más, que el Estado colombiano no es capaz de cumplir con sus funciones esenciales: gobernar el territorio, imponer el orden y garantizar la integridad y la vida de sus ciudadanos. Somos un Estado parcialmente fallido.