En la sucesión atropellada de hechos que son noticia en este país de desafueros, dos, que tienen que ver básicamente con la conducta y el funcionamiento del Estado, han llamado especialmente la atención en los últimos días: el bombardeo al campamento de una de las disidencias de las Farc en el Guaviare, y la retirada del Gobierno de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  donde se adelantaba el proceso de sanción al Estado por el caso de la comunicadora Jineth Bedoya, torturada y vejada sexualmente cuando adelantaba una investigación  periodística en la cárcel Modelo de Bogotá  hace 20 años.
Al mismo tiempo asomaba la cabeza la propuesta de Reforma Tributaria que el Gobierno viene preparando hace algún tiempo y que presentará a consideración del  Congreso, según ha anunciado, este primer semestre del año.
La iniciativa busca recaudar los recursos que requiere el Gobierno para salir de la crisis del covid-19 y financiar las carencias fiscales originadas en el mayor gasto público derivado de la pandemia.
Los denominados tanques de pensamiento económico y la propia Comisión de Expertos en “Beneficios Tributarios” (así se llama), convocada por el Gobierno, elaboraron densos análisis que, convertidos en propuestas, han presentado al Gobierno Nacional.
Hasta el ministro de Hacienda trató de bajarse del olimpo retórico que manejan ciertos economistas e intentó al responder una entrevista de prensa explicar y justificar la conveniencia de una reforma tributaria que, por lo que se sabe, va castigar, otra vez, la clase media, los asalariados y las pensiones.
Nada dijo de las exenciones a los grandes capitales y al sector financiero. Como si la política del goteo, consistente en disminuir tributos a los ricos para que luego se generen más empleo y riqueza colectiva hubiera funcionado en aquellos países donde se ha aplicado. Bien lo ha dicho Salomón Kalmanovitz en una reciente columna de opinión: “.. se trata de otra falacia (…) si bien una menor tributación aumenta los fondos de que disponen las empresas, estos se pueden distribuir en mayores dividendos, fuga de capital, y aumento del consumo suntuario de sus propietarios…” 
Es claro que la última reforma tributaria que tuvo esa inspiración, no obtuvo los resultados esperados y la pandemia nos cogió con los pantalones abajo.
Se calcula que la corrupción le cuesta a Colombia entre 40 y 50 billones de pesos al año. Asobancaria asegura que este dinero podría financiar la construcción de las vías de cuarta generación, 4G, duplicar el presupuesto para el metro de Bogotá y superar en casi 7 veces los recursos generados por la última reforma tributaria.
La evasión fiscal equivale a más o menos a un 30% del total de lo que se recauda, es decir, unos 40 billones de pesos, que corren por cuenta de las personas que esconden sus ingresos, que no declaran sus propiedades, o que promueven el contrabando.
El Estado indolente, apático, flojo, perezoso e insensible, que mata niños porque son “máquinas de guerra” y que se retira groseramente de un tribunal internacional que intenta hacer justicia a una mujer periodista violentada, pide ahora por medio de este gobierno mediocre, más dinero, en el espacio de siempre, la coyuntura, y apelando al mismo modelo conceptual, aquel que hace crecer, después de impuestos, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad social.
La agenda legislativa que han anunciado el gobierno y los partidos políticos, fuera de la propuesta de renta básica y la mencionada reforma tributaria, no contiene nada realmente importante; los componentes necesarios para lograr serias reformas estructurales que nos garanticen tener un Estado eficiente y menos corrupto, no aparecen por ningún lado.