El aeropuerto de Palestina, hoy Aeropuerto del Café, fue una idea que nació en el año de 1977; empezó a tomar forma cuando en 1985 se creó la Corporación Aeropuerto de Palestina y se convocó al sector privado y los gobiernos de Manizales y Caldas a impulsar el proyecto. Desde un principio la iniciativa contó con apoyos fervorosos y contradictores acérrimos. Esta contradicción ha implicado la intervención de actores políticos y territoriales muy poderosos que pusieron a hibernar el proyecto en las oficinas de los burócratas del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil durante más de 15 años, luego de que fueran descubiertos malos manejos e improvidencia técnica en los albores de la ejecución de la obra. Después de escandalosos anuncios e investigaciones “exhaustivas”, nada se supo, pero el proyecto quedó en estado casi agónico. Muy a la colombiana, el funcionario claramente responsable de buena parte de esos señalados desafueros, fue premiado por este gobierno que lo nombró viceministro.
El Gobierno Santos y dos ministros caldenses fueron claramente mezquinos con Caldas al desconocer sin fórmula de juicio los nuevos estudios técnicos consolidados que demostraron la importancia de esta obra para la competitividad de Caldas, el Eje Cafetero y el país.
Con el triunfo de Iván Duque el proyecto recobró nuevos ímpetus pues el presidente, fiel a palabra empeñada en su campaña electoral, respaldó el proyecto, y concretó los recursos a cargo de la nación para lograr un cierre financiero de la obra. Buena parte de la bancada parlamentaria de Caldas, Quindío y Risaralda fue vital para que este respaldo se cristalizara. Suelto de lengua, como es común en él, aseguró que aterrizaría en nuestro terminal aéreo antes del fin de su mandato, igual que dijo que dejaría como nueva la isla de Providencia en 100 días después de la devastación del huracán Iota.
El desbordado optimismo del presidente Duque no contó, por ejemplo, con que Colombia es tierra de climas inciertos y contratistas maliciosos. Cuando todo parecía estar desenredado y superados todos los obstáculos, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo- Aerocafé, licitó los trabajos de la primera etapa.
OHL SA, sucursal Colombia, una firma española, precedida de mala fama, se quedó con el contrato. No se le exigió en el concurso licitatorio tener maquinaria propia, no la tiene, y no sabemos con quién la subcontrató.  
Alegando problemas de invierno e incumplimientos por parte del Patrimonio Autónomo, OHLA se ha dedicado a sacarle el cuerpo a los compromisos contractuales, y el porcentaje de ejecución de la obra por ahora, es mínimo. El quebrantamiento del acuerdo le supuso al contratista varias sanciones pecuniarias, gracias, entre otras cosas, al pulso firme del mayor general Gonzalo Cárdenas Mahecha, gerente del Patrimonio Autónomo, y al buen juicio y responsabilidad de la firma interventora.
Justo en estas circunstancias, cuando lo más sensato era rodear la institucionalidad del proyecto, el gobierno nacional despidió sin justa causa al general Cárdenas, en una actitud, que, a simple vista, parece ser complaciente y tolerante con el contratista. ¿Qué otra cosa explica, por ejemplo, que la Junta del Patrimonio no haya procedido a darle curso a la solicitud del general Cárdenas de tramitar la terminación unilateral del contrato, hecha desde el 8 abril, y apenas lo vienen a hacer la semana pasada, después de conocerse, por demás, la petición del contratista de conformar un tribunal de arbitramento a la Cámara de Comercio de Bogotá?
Sin duda, la decisión correcta fue la de declarar la terminación del contrato en forma unilateral. Tarde, pero se hizo. Me cuentan que está todo listo para proceder a entregarle la obra un nuevo contratista. Ojalá lo hagan ahora con mejor criterio.
Este hecho no despeja, sin embargo, cierto velo de opacidad, en torno a ciertas decisiones que se tomaron por parte de funcionarios nacionales, con la complacencia del gobierno departamental. Del gobierno de Manizales, ni hablar, porque Carlos Mario Marín, el alcalde, ha mirado con desdén este proyecto, sin el cual Manizales no será en el futuro “más grande.”
Hay que esperar que el presidente Petro como lo prometió, respalde el proyecto, y que los recursos de vigencias futuras que por valor de $100.000 millones, que están presupuestados, se concreten para hablar de un cierre financiero real que consulte los nuevos costos que nos ha traído la nueva realidad de la economía mundial. 
Mientras tanto, y ante la persistencia de algunas reservas aquí planteadas, lo mejor es que se aplace el tribunal de arbitramento hasta que llegue el nuevo gobierno, y así lo voy a solicitar.