El presidente Duque soltó por estos días otra de sus poco originales frases: en Colombia hace falta más administración y menos política. Pronunciada a principios del siglo pasado por el dictador Rafael Reyes, intentó condensar la opinión de quienes, cansados de las guerras civiles y las desavenencias partidistas de la época, querían alcanzar una tregua y dedicarse a trabajar en el desarrollo del país con prescindencia de toda actividad partidita que es como se concibe a veces, con extrema simpleza, la política. 
Este predicamento en apariencia afortunado lo que hace es pretender divorciar estúpidamente la política de los conceptos de administración, desarrollo y democracia. Como si pudieran ser divisibles, separados e irreconciliables. 
Además de reflejar las reiteradas imposturas del primer mandatario, el predicamento suena oportunista y evasivo frente a dos acontecimientos que coparon la agenda de los medios de comunicación la semana pasada en Colombia: la minga indígena y la malograda moción de censura contra el ministro de Defensa.
Si los dos eventos implicaron debates sobre el bien común, la vida, la paz, los derechos, el territorio, la participación y el medio ambiente, su esencia fue, claramente, política. 
Pero al Gobierno le pareció fácil el camino de acusar a la minga de pretender una finalidad política para caricaturizarla, hostigarla y desconocerla, y al mismo tiempo organizar sus mayorías en el Congreso, para despojar de su sentido político la moción de censura y subordinarla, sin más, a un concepto judicial. Nada dijo, por ejemplo, el concepto del Consejo de Estado (al que apelaron) con ocasión del asentamiento de tropas americanas en territorio colombiano, sobre la responsabilidad, esa sí, política que le cabe a un ministro cuando le miente con descaro al Congreso y al país. 
En ambos casos el Gobierno y el Congreso se aprovecharon de la desafección de la ciudadanía por la actividad política y los políticos tan de moda en estos tiempos de populismos exaltados, para desmarcarse de la obligación de escuchar y dialogar de una parte con un importantísimo sector de la sociedad organizada y de otra, explicar y responder por las actuaciones cuestionadas de un ministro.
Sospechar a priori de los políticos y la política es empezar a allanar el camino hacia la dictadura. Todos los dictadores del mundo han detestado la política, les estorba; en realidad se consideran por encima de ella, así profesen un apego casi obsceno al poder. Los políticos han sido detestados desde todas las ideologías totalitarias, es decir, “desde todos los sistemas de ideas que creen haber descubierto el sentido de la historia”.
Lo dijo Fidel Castro en 1961: “Hicimos la revolución para echar a los políticos. Nuestra revolución es una revolución social”.
La más grave acusación, (y tal vez la más efectista), que le hizo el candidato Trump hace cuatro años a su contrincante por la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue la de ser ella una política. En el último debate no hace 8 días, también le lanzó a su ahora oponente, John Biden, la misma descalificación como anatema.  
Esa que algunos han llamado la enfermedad senil de la democracia moderna, el populismo, también se caracteriza por denostar de la política, exaltar al caudillo y privilegiar la participación directa del pueblo para que él decida sin intermediarios legítimos: el Estado de opinión.
Como al neoliberalismo a Duque tampoco le gusta la política que lo controla; pero la usa a conveniencia para sacudirse de la incómoda responsabilidad de escuchar y responder; le ha quedado fácil porque el ejercicio de la política, que no la política, en Colombia, se ahoga en un pantano de corrupción y desprestigio.