Sin duda, uno de los componentes más valiosos de las negociaciones de La Habana, es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Lo integran la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde un comienzo fue un asunto especialmente controversial y exigió rigor creativo pues así estructurado, no tenía precedentes en el mundo.
Se trataba de crear una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para concluir para siempre y sin regreso un conflicto muy prolongado que se había degradado hasta los extremos más inverosímiles. Y de sanar el alma social identificando las causas, los orígenes y los culpables de todas las depredaciones.
En un país donde la impunidad ha reinado por siempre, todos son responsables y nadie es responsable. Y como no hay guerras limpias, la nuestra no estaba exenta de desbordamientos y desafueros, dirían los cínicos.
Se dice que somos por ejemplo el único país del mundo en donde un partido político, la Unión Patriótica, fue derrotado por la vía de la eliminación física de sus militantes.
En Colombia se han firmado muchos acuerdos de paz y han fracasado. También el del Frente Nacional, porque si bien acabó con la confrontación violenta entre liberales y conservadores, terminó cerrando la democracia y limitando los espacios para la participación política sin armas. Esa cerrazón fue el espacio propicio para el surgimiento de la guerrilla.
La guerra no ha tenido solución de continuidad por lo menos durante los últimos 65 años; hay momentos de inflexión que algunos estudiosos han denominado ciclos que se suceden cada cierto tiempo y van alcanzando expresiones más radicales y degradadas de violencia; no ha sido posible una victoria militar definitiva sobre los grupos armados irregulares y el Estado se ha movido entre negociaciones y fracasos.
Un Estado que no copa ni controla el territorio, que no ha hecho reformas irreversibles en los campos político, económico y social, que no es capaz de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, entre ellos el de la vida, el más sagrado de todos.
La impunidad y la falta de sanción social crean un círculo de complicidades que termina por  premiar y  ocultar,  y  no  castigar ni señalar con nombres propios a los victimarios,  a los autores materiales y determinadores de miles de crímenes; el reconocimiento de esta realidad insoslayable sirvió de fundamento forzoso a los negociadores para  elaborar una iniciativa encaminada a hacer todo lo posible por encontrar la verdad, y garantizarle a millones de víctimas un lugar bajo el sol de la justicia y la reparación, en el entendido de que ese era un presupuesto imprescindible para asegurar la no reiteración  de otro ciclo de la guerra.
La virtuosidad de los acontecimientos desatados hace unos días  por la JEP, radica en la certeza de que se está avanzando con  claridad en el uso de un mecanismo idóneo para conseguir verdad y justicia: responsabilizar al colectivo de los  mandos de las Farc de los delitos de  secuestro tiene hondas repercusiones: de una parte le confiere sin equívocos la legitimidad institucional que la Justicia Transicional estaba necesitando, primero, y segundo, deja nítido el mensaje de que habrá en igual sentido, precisa  identificación de los  responsables del asesinato de más de 6.400 inocentes en desarrollo de lo que se ha llamado los falsos positivos. Estos inocentes que murieron en la más espantosa indefensión tendrán dolientes y sus victimarios recibirán condigno castigo. Porque aquí no se trata de quedarnos simplemente en el episodio de las cifras; tantos muertos hemos contado en Colombia a lo largo del tiempo, que las cifras pareciera que ya no nos conmueven.
Frente a las críticas feroces de quienes temen la mano de esta Justicia, ha sido refrescante sentir el respaldo que a ella le entregan gobiernos, parlamentos, organizaciones sociales, instituciones multilaterales, académicos y líderes de todo el mundo. Así el proceso de paz vaya trastabillando por obra de la indolencia, el sesgo, la mala voluntad y el miedo del gobierno Duque y su Partido, va quedando en evidencia que hay un entramado institucional inserto en el Acuerdo que no ha podido ser cooptado por el Ejecutivo y sus adláteres; quedan, por tanto, razones para la esperanza.
Si logramos apenas derrotar la desmemoria, aliviar así sea en parte los dolores de las víctimas, exorcizar los demonios de esta historia martirizada, descorrer el velo de tanta impunidad acumulada, habremos avanzado algo, y de paso, recuperado un nuevo aliento para darle curso a los otros puntos del Acuerdo, así sea solo a partir del momento en que cambiemos de gobierno, gamonales y caudillo. La Justicia Transicional tiene que seguir drenando el pantano y hay que apoyarla.