La calidad del debate público es el mejor termómetro para medir el desarrollo de la democracia, dice Amartya Sen, filósofo y economista indio, premio nobel de economía en 1998. Naturalmente la calidad del debate público depende de la calidad de la información con que cuenten los diversos actores sociales.
Como la política no es más que la guerra por otros medios y la primera víctima de la guerra es la verdad, es inexcusable que el debate público de calidad no cuente con información suficiente, clara, oportuna y veraz.
El discurso político suele contener casi siempre verdades a medias, sesgos ideológicos y una que otra imprecisión. Es de naturaleza dialéctica y entraña por esencia posturas distintas y diferentes visiones de la realidad.
En la relación gobierno-opinión pública, es aquel el que está mejor situado: tiene más medios a su disposición, controla su propia agenda y maneja datos más abundantes. Es una relación evidentemente asimétrica que podría desdorar de la calidad del debate público.
Una forma de superar esa asimetría es que el poder público facilite y ofrezca mejor información. Todo ciudadano tiene derecho a saber qué hace y qué no hace un gobierno, y por qué. Eso cristaliza la participación y la transparencia que son componentes sustanciales del buen gobierno.
Ahora, una cosa es suministrar oportuna información, dialogar de manera edificante con los distintos sectores sociales, escuchar con genuina atención a las comunidades, y otra hacerse propaganda.
Comunicar es distinto a publicitar: Y publicitar, mercadear o en todo caso mejorar la imagen del presidente Duque en las redes sociales, es el objeto del contrato que se firmó con la empresa Du Brans SAS.
Este contrato tiene varios elementos que lo hacen repudiable y francamente inmoral: excesivamente costoso, inútil, inoportuno, políticamente incorrecto, ¨una cachetada a los colombianos, como lo calificó un editorial del diario El Espectador.
La suma de $3.350 millones de pesos para un contrato que se ejecutará en poco más de seis meses, a juicio de conocedores de estos temas, es delirante.
Algunos atribuyen el mejoramiento de la imagen del presidente Duque en recientes encuestas a lo que los americanos llaman ¨rodear la bandera, es decir, a la reacción de la opinión cuando frente a un problema de la magnitud de la pandemia, todos sienten la necesidad de apoyar al líder, en este caso al gobernante. Igual pasó con Bush cuando lo de las Torres Gemelas. Si la imagen del presidente ha salido del pozo, evidentemente este es un gasto inútil.
Hacerlo ahora, cabalgando sobre la crisis, no puede ser más inoportuno. Casi el mismo día en que el país conoció la noticia, se hicieron públicos algunos datos de la encuesta de hogares de marzo según los cuales se han perdido con relación al año pasado, 1,6 millones de puestos de trabajo, y el desempleo ha llegado a 12,6%. Todo un baldado de agua fría.
Analizando los hechos no faltará quién quiera trivializar la situación calificándola de simple torpeza.  Pero si miramos de dónde se sacaron esos recursos, El fondo de Paz, habrá que aceptar que hubo un claro desmedro del propósito de financiar actividades encaminadas a profundizar la reconciliación.
Según se ha sabido, la relación de la firma Du Brands SAS con el Partido de Gobierno no es nueva: Ha venido contratando desde el 2018 con distintos organismos del Estado; ha recibido por diversos contratos más de $ 27.000 millones de pesos, y fue clave en el proceso de desinformación que se montó para que la gente saliera ¨emberracada¨ a votar contra el plebiscito.
Esta sin duda es la más elaborada expresión de la mermelada y del pago de favores con dinero de los contribuyentes. Intolerable, sobre todo en época de crisis.
Facilitar y poner a disposición de la gente buena y oportuna información sobre las acciones de la administración es un imperativo de la democracia y a la vez un deber del gobernante. Su legitimidad deriva del acatamiento ilustrado de los asociados al pacto social implícito entre estos y quien gobierna.
Cuando el gobierno informa, explica y controvierte de cara a la comunidad, están dadas las condiciones para el debate público tal y como lo plantea Amartya Sen.