La necesidad de cambiar el rumbo de la historia infeliz de nuestras violencias recurrentes, ha hecho que el Estado en muchas ocasiones, acuerde o decrete el perdón de penas para los presos condenados por determinados delitos, generalmente políticos.
Casi sin solución de continuidad desde los inicios de la República, como lo recuerda el exministro de justicia y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, todas las constituciones han contemplado la figura de la amnistía. En el siglo XIX en general las guerras civiles culminaron con amnistías. En el XX, desde Rojas Pinilla, todos los gobiernos que intentaron llegar o consiguieron llegar a acuerdos de paz, decretaron amnistías: Alberto Lleras, Virgilio Barco, Belisario Betancur, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Como la tozuda violencia no cede, la amnistía tampoco desaparece como instrumento eventualmente idóneo para facilitar el desarrollo de nuevos procesos de paz. El expresidente Uribe ha vuelto sobre el tema y ha propuesto en el marco de una conversación que sostuvo con la Comisión de la Verdad, la que denominó una “amnistía general para todos” consistente, como se entendió en un comienzo, en que, por una vez, una persona condenada o procesada podría aspirar a cargos de elección popular o ser nombrada en cargos públicos, es decir, un borrón y cuenta nueva, que no haría diferencia entre el tipo de delitos cometidos y su correspondencia con la evolución del Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los cuales se entienden incorporados a nuestra Carta Fundamental por virtud del concepto de Bloque de Constitucionalidad.
Las dictaduras que proliferaron en la América Latina de mediados del siglo pasado tuvieron buen cuidado en garantizarse amplias y generosas amnistías como condición para entregar el poder. Las de Chile, Uruguay, Argentina y El Salvador impulsaron la expedición de leyes de amnistía que contenían la garantía de total impunidad sobre los crímenes cometidos durante sus gobiernos, incluidos la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales; abarcaban a todos los actores que hubieran cometido delitos graves o violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Esta sucesión de medidas fue calificada como una vergüenza contemporánea y su derogatoria se hizo inevitable a la luz de los avances de la cultura de los derechos humanos en el mundo. Su protección y desarrollo se convirtieron en un mandato universal.
En principio la propuesta de Uribe guarda bastante parecido con esas del siglo pasado en América Latina incluida Colombia. Y por el escenario en que se dio, guarda estrecha relación con la posible negación de responsabilidades por los conocidos como falsos positivos.
Tal vez por eso el expresidente ha venido matizando su idea, y en los borradores de la iniciativa legislativa introduce algunos componentes que la harían más digerible a la luz de las exigencias universales. En una entrevista con El Tiempo propuso para los involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, juicios con penas reducidas o libertad condicional, si confiesan la verdad y asumen la responsabilidad de sus crímenes.
No obstante que con los días se ha venido precisando la propuesta, expertos y juristas opinan que ella todavía no consulta los más mínimos estándares internacionales en la materia. Contradice el Estatuto de Roma y plantea una exclusión injustificada de las víctimas. Para los más contestatarios pareciera que lo que se intenta es socavar la legitimidad de la JEP y debilitar la fuerza de la justicia transicional.
Lo cierto es que hoy hablar de una amnistía general parece imposible. Aunque puede haber indultos por delitos comunes y prácticas similares, no se puede extrapolar esta figura a los denominados crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, todos tipificados en el Estatuto de Roma que creó la corte Penal Internacional, al que adhirió Colombia en el 2002.
Una amnistía general significaría impunidad total, y perpetuaría una condición anómala que padece Colombia desde hace muchos años. La impunidad que según varios estudios está por encima del 95% constituye uno los más graves lastres del Estado colombiano, no tanto por causa de acuerdos de paz mal negociados o incumplidos, si no por fallas estructurales de nuestro aparato de justicia que por eso requiere ser rápida y drásticamente reformado.  
Una amnistía como la propuesta solo sería tolerable bajo el cumplimiento de unas condiciones sine qua non: la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad, y la reparación como justo reconocimiento a las víctimas que no pueden seguir siendo las invitadas de piedra a estas discusiones.