En Colombia, donde el 52% de las tierras está en manos del 1,5% de la población, y los predios ganaderos duplican en extensión los suelos aptos para dicho uso, la clave para disminuir la desigualdad en la propiedad rural en lugar de expropiar predios que no se estén usando adecuadamente, es desincentivar los latifundios improductivos subiendo los impuestos a la propiedad rural, tal cual se propondrá en la nueva reforma agraria del gobierno de Petro, como una forma de saldar una deuda histórica con los campesinos.  
Con una reforma agraria cuyo fundamento sea volver más productivo el agro, se aplicarán en Colombia las herramientas existentes como el catastro multipropósito, para que propiedades que de momento sean improductivas, generen oportunidades para el agro e ingresos a la nación, y se corrija el coeficiente de desigualdad Gini que para la tierra al 2009 llegaba al 0.88. Según el IGAC, el catastro multipropósito, “dispone información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y a la planeación social y económica”.
De conformidad con lo expresado por la próxima ministra de Agricultura Cecilia López, la propuesta con la que llega el nuevo gobierno es que el Estado entre al mercado de tierras, para que quienes no puedan hacer productivos sus predios ni pagar los impuestos, logren venderlos o intercambiar parcial o totalmente en el citado mercado alguno de los componentes del derecho de propiedad, como lo son su uso, y goce o rentas generadas, mediante transacciones o acuerdos libres de coerción o presión.
En el Informe Final de la CEV, donde se reconoce la deuda con los territorios rurales, ya que apenas el 20% de los predios está en manos del 99% de la población, se propone una transformación integral que incluya una distribución equitativa de la tierra, buscando con ello garantizar su gobernanza, revertir la exclusión de la que ha sido objeto el campesino, reconocer sus aportes a la sociedad e implementar una política social que prevenga el despojo del que muchas personas en la ruralidad han sido víctimas.
Estrategias como la Operación Artemisa que militarizó la función ambiental, para el nuevo gobierno no van más, como tampoco el enfoque de criminalización y persecución con el cual se ha interpretado la resolución de los conflictos de uso de tierra de áreas protegidas. Además, según lo ha expresado el gobierno entrante, se pasará de un enfoque centrado en la productividad y en cómo ponerles plata a los gremios con manejos no tan transparentes, a otro enfoque de desarrollo integral que beneficie a las comunidades desfavorecidas.
Teniendo como referente, que el 60% de las unidades productivas en Colombia, son pequeñas donde la media es de menos de cinco hectáreas, en el primer punto del Acuerdo de Paz se acordó una reforma agraria, cuyos componentes son: acceso a la propiedad mediante la creación de un Fondo de Tierras, e implementar una agenda de desarrollo rural que le apueste de forma integral a la titulación de la propiedad, a la restitución de predios, a la zonificación ambiental y a la resolución de conflictos de uso.
Para el nuevo gobierno, las entidades ambientales y agrarias, además de poner a funcionar el Fondo de Tierras con cerca de dos millones de hectáreas, tendrán la responsabilidad de estimular acuerdos entre los actores sociales para resolver conflictos logrando reasentamientos de comunidades en riesgo o la reconversión productiva, además de combatir la deforestación y de solucionar microfundios que no satisfacen estándares de unidades agrícolas familiares, orientando su gestión con un enfoque integrador de gobernanza ambiental, donde las comunidades no son enemigas del ambiente, sino que son las llamadas a protegerlo. 
Finalmente, dado que la idea es que el campesino colombiano tenga un lugar específico en el desarrollo del país, se deben restaurar sus derechos mediante el desarrollo de los instrumentos jurídicos e institucionales del agro, fortaleciendo y reorientando políticas, inversiones y programas de gobierno para el desarrollo integral del sector. De ahí la pertinencia de algunas recomendaciones que sobresalen en el Informe Final de la CEV, sobre descentralizar las funciones del Estado fortaleciendo las instituciones regionales con el fin de fortalecer las gobernanzas en los territorios.