Veamos algo sobre los efectos económicos y financieros del conflicto entre Rusia y Ucrania, en América Latina y el Caribe, por incremento de precios en productos energéticos, insumos agrícolas y cereales, entendiendo que dicha situación se da en un contexto de incertidumbres multifactoriales no sólo con la pandemia por el Covid-19, sino por presiones inflacionarias y limitaciones fiscales, como de tensiones comerciales y de disrupciones en las cadenas de suministro y alza de fletes; a lo que se suman las consecuencias del cambio climático.
Si para la CEPAL, la región en 2022 ya desaceleraba su ritmo de crecimiento a 2,1%, luego de crecer 6,2% en promedio durante el año 2021, con el conflicto bélico el panorama de desaceleración que ya se estaba dando en un contexto de importantes asimetrías entre los países desarrollados, emergentes y en desarrollo, será peor en la región dada la incapacidad de implementar políticas fiscales, sociales, monetarias y de salud. La balanza de Colombia con Rusia muestra 95% de exportaciones agrícolas contra 65% de abonos importados.
En primer lugar, si cabe esperar un descenso de la cooperación entre Rusia y América Latina, también en todos los mercados en que Rusia y Ucrania tienen participación, ya se presentan grandes distorsiones. Aunque el comercio global ya se encontraba debilitado antes del conflicto, además del impacto en los precios del petróleo favorable para Venezuela, la dificultad será importante para países de Centroamérica y el Caribe, importadores de energía, ya que Rusia es el segundo exportador y tercer productor en el mundo.
Súmese otro golpe en el mercado de alimentos, porque el precio de la urea se ha incrementado un 90%, dado que un 14% de la urea, 31% de minerales de potasio y 10% de fosfatos procesados, son de Rusia, con lo cual se generan retrocesos adicionales a los provocados por la pandemia, siendo las alteraciones comerciales más notables para Paraguay, Jamaica y Ecuador, países que en 2020 exportaron un 5,2% a la Federación Rusa, Ucrania y Bielorrusia, contra 0,6% de toda la región o 2,0% de Colombia, cuantías en un 60% de origen agropecuario.
Y segundo, ahora que los precios de los principales productos básicos agrícolas han aumentado debido a varios factores, entre ellos una menor oferta de bienes -por ejemplo, la del trigo proveniente de Ucrania y Rusia-, para la CEPAL mirando la seguridad alimentaria, y la estructura del  empleo y las causas de la pobreza, el Caribe es la subregión más vulnerable, ya que las importaciones de cereales representan en promedio un 102% de la oferta interna, mientras que en Centroamérica y América del Sur la proporción es del 60% y 31%, respectivamente.
En América Latina y el Caribe, por el aumento de los precios de los alimentos, que ya ha superado el crecimiento de salarios y en particular el de los ingresos de los hogares desde el inicio de la pandemia, actuando con un efecto alcista sobre las tasas de inflación, se provocará una mayor prevalencia de la inseguridad alimentaria severa: como referente, según la FAO en 2020, el 40,9% de la población en la región ya se había afectado por algún tipo de inseguridad alimentaria, siendo la más severa en el Caribe donde llegó al 71,3%.
Ahora, aunque los precios de ciertos metales, como titanio, paladio, aluminio y níquel, aumentarán, ya que la Federación de Rusia y Ucrania son grandes productores, Bolivia, Chile y Perú podrían sacar ventaja. En el caso colombiano, más que el níquel, estaría el Carbón, toda vez que para agosto la Unión Europea cerrará sus compras a Rusia. Al respecto, aunque Alemania depende en gran medida tanto del gas y del petróleo como del carbón rusos, las importaciones de carbón podrían reemplazarse más rápidamente.
Finalmente, mitigar los impactos sobre los grupos más vulnerables de Latinoamérica, frente a un contexto más adverso, y de incertidumbre y volatilidad, según la CEPAL se deberán mantener políticas que protejan los ingresos de los hogares, y a sectores como la agricultura intensivos en mano de obra, recurriendo por ejemplo a las pymes y cooperativas para implementar políticas de empleo sectoriales, buscando facilitar la recuperación económica y ablandar impactos adversos de la política fiscal, sobre crecimiento y empleo.