Colombia ejercerá la vicepresidencia de la Cuarta Conferencia de las Partes del Convenio del Mercurio de 2021 en Bali-Indonesia, como reconocimiento a los avances en su legislación, donde 115 países tomarán decisiones en torno a la prohibición de uso de este metal. Gracias a la Ley 1658 de 2013 que declaró ilegal el uso del mercurio en la minería del país, este metal líquido empezó a tener controles desde el Ministerio de Medio Ambiente, fijándose inicialmente un cupo de importación anual de 63 toneladas hasta el 15 de septiembre del 2017, fecha desde la cual no puede ingresar mercurio para uso en la minería; y limitando su importación de ahí hasta el 15 de septiembre de 2020 a tan solo dos toneladas anuales, que se podrán usar en actividades diferentes a la minería.
Pero contrariamente, en el tema del plomo, una amenaza silenciosa que penetra nuestros hogares, aún cojeamos, porque en estos días es probable que se hunda un nuevo proyecto en el Congreso, para que al año 2023 Colombia sea un país libre de plomo mediante una ley que fije límites de este químico en productos de uso cotidiano por población infantil, y que ordene pruebas de sangre en niños para determinar su nivel de exposición. Entonces, así como Colombia ha reglamentado los niveles de plomo para gasolina (1995), juguetes y vajillas (2008), ¿por qué no avanzar en una legislación que también proteja a nuestros niños, además de prohibir el uso de pinturas con plomo tal cual lo hicieron hace más de 40 años los países industrializados?
Si el mercurio pese a sus múltiples usos industriales -bombillas, cosméticos, pinturas y pilas-, desaparecerá del escenario ambiental, también el plomo que se emplea en juguetes, útiles escolares, accesorios y ropa, por su alta toxicidad debería correr la misma suerte. Mientras el mercurio que conlleva riesgos para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida, y es tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos, por fortuna tiene sus días contados en Colombia, otro metal como el plomo que produce alteraciones en el sistema nervioso, renal, circulatorio, inmunológico, reproductor y hematopoyético, no puede tener licencia.
Sabemos que el problema no es fácil: de acuerdo con información del Minambiente el país continúa contaminando aguas y suelos por vertimientos relacionados con más de 150 toneladas anuales de mercurio que entra de contrabando, 75% de ellas para la minería ilegal de oro sobre todo en Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Chocó. Según la WWF en 2018 Colombia fue considerado el país con más mercurio per cápita en el mundo. Igualmente, en el país donde no han existido estimaciones de prevalencia en niños con niveles elevados de plomo en sangre, al 2018 se utilizaban 1.386 toneladas de plomo al año para la producción de pinturas.
No obstante, hay que reconocerle a la Corte Constitucional sus históricas sentencias blindando ecosistemas y comunidades de los ríos Amazonas y Atrato, al introducir el concepto de derechos bioculturales en beneficio de territorios degradados, para entregarle a la Nación un instrumento fundamental que puede extenderse a escenarios con afectación minera severa: Ciénaga Zapatosa, río Ovejas en Cauca, Comunidad Uitoto de la Amazonía y Parque Nacional Río Puré. Similarmente, gracias al Fondo Global para el Medio Ambiente en Colombia, con una inversión de seis millones de dólares, la pequeña minería dejaría de verter 20 toneladas de mercurio en cuatro años, al implementar un proyecto socioambiental en 11 municipios de los departamentos de Cauca, Antioquia y Bolívar, en los cuales 2.000 mineros resultarían beneficiados.
Siendo así, en Marmato-Caldas la minería artesanal con 800 minas que han sido fuente histórica de empleo para más de 2.000 obreros locales y de municipios vecinos, donde las limitaciones para comercializar el oro y adquirir explosivos, y la formalización de títulos gravitan de forma negativa, ¿por qué no priorizar planes integrales de explotación y transformación de bienes con el oro para pequeños mineros, buscando la aplicación de mejores prácticas ambientales indispensables para su bienestar, donde el cuidado de la salud de los mineros y del medioambiente, además de la legalidad exige el apoyo institucional y la inclusión financiera.