Cada 4 de abril se celebra el denominado Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, problemática que, según la DW, a nivel mundial causó 2.170 muertos en 2019, donde un 80 % de las víctimas fueron civiles, y 43 % niños. Aunque Colombia, el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa, suscribió y ratificó este tratado sobre minas terrestres mediante la Ley 759 de 2002, debe saber que, 20 años después del histórico hecho, no debe perder el ímpetu en la lucha por su erradicación.
Según la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas, el número de muertos y heridos por estos artefactos continúa con cifras elevadas, debido a factores como el incremento de conflictos armados, máxime cuando el esfuerzo por avanzar hacia un mundo libre de minas se ha visto entorpecido en 2020 por la pandemia de la COVID-19, que ha paralizado las labores de desminado y redujo los recursos para las actividades de asistencia a las víctimas en varios países. El balance parcial de 2020 fue el peor de los tres últimos años 2018-2020, con un incremento del 45,6 % de lesionados. Además, el 2019 se dio un gran revés cuando la Administración de Donald Trump insistió en que todavía se podía dar un uso militar a las minas antipersonas.
Aunque el origen del fatídico armamento se remonta a la antigua China, la versión moderna de tipo de mina terrestre con un contenedor de metal con pólvora, un fusible y una pieza de detonación, corresponde al siglo XIX, cuando dicha tecnología que se extendió por todo el mundo, se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que se plantó la mayoría de minas detectadas hasta la fecha. Los principales países minadores o productores, que forman un arsenal de entre 180 y 185 millones de minas, son Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Pakistán, Sudáfrica, Corea del Norte, Corea del Sur, Nepal, India, Singapur y Vietnam, y los más afectados por estas armas son Camboya, Angola, Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Sudán, Mozambique, Somalia, Irak y Sahara Occidental.
El 2002-2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por Minas Antipersonal y Remanentes Explosivos de Guerra, por el despliegue de la política de Seguridad Democrática y el desarme paramilitar, siendo Vista Hermosa (Meta) el municipio más afectado en Colombia. Si bien no todo el país está minado, el empleo de estos artefactos no es aleatorio, sino que responde a una lógica bélica, razón por la cual el 50% de la afectación se concentra en 25 municipios. Entre 2005 y 2006 Colombia, donde el 98% de los atentados suceden en zonas rurales, fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo.
En Colombia, con cerca de 11.975 víctimas de minas antipersona según la Oficina del Alto Comisionado para la paz, este flagelo que ha dejado en el país 9.653 personas heridas y 2.322 fallecimientos, no para: en 2020 con 165 víctimas, y otras más que en lo corrido del año han afectado a menores de edad. No obstante, desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario que se adelantan en todo el territorio nacional, por 7 organizaciones de Desminado Humanitario acreditadas, cerrando el 2020 se completaron 432 municipios en todo el país libres de sospechas de minas, 154 de ellos en los últimos dos años.
Finalmente: a pesar de que las guerras deberían terminar apenas cesan las hostilidades, la triste lección que deja Colombia, es que las minas antipersonales siguen causando muertes y lesiones, pese al tiempo transcurrido después de haber firmado el acuerdo de paz. Y aunque la Armada Nacional da el parte favorable de tres áreas en los municipios de El Carmen y Zambrano, en el departamento de Bolívar, que fueron declaradas libres de sospecha de minas antipersonas, contrariamente los Obispos que hicieron parte de una misión humanitaria en el Chocó biogeográfico, denuncian cómo el ELN mina campos en Murindó y exigen la intervención del Estado dada la grave situación humanitaria de indígenas y campesinos.