La hiperinflación en los servicios públicos con una tasa anual del 25,9% para Colombia, duplicando el 10,8% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un sensible problema que también afecta a Europa donde el alza anual a julio fue 38%, sobresale en el Caribe con 14% por encima del país gracias a su ineficiente sistema, donde las ciudades con los máximos fueron: Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%) y Barranquilla (44,4%). Como referente, en Colombia donde por capacidad las hidroeléctricas duplican las térmicas, la demanda en agosto de 2022 apenas creció 3,7 % respecto al consumo en agosto del 2021.
En Colombia, donde las tarifas de energía que en lo corrido del 2022 han crecido 20,4% obligando a que muchas personas tengan que escoger entre pagar un recibo o comer, dependen de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y se determinan en función del comportamiento de los costos de diferentes actividades que inciden en la prestación del servicio, razón por la cual la estructura tarifaria depende de la generación con cerca de un tercio del costo, del precio de la energía en bolsa con alrededor de la quinta parte, y de los contratos bilaterales que ahora muestran un incremento del 22,8% en el último año.
Además, si los excesivos incrementos de las tarifas de energía se relacionan con la nueva metodología para el cálculo del Índice de Precios al Productor (IPP) implementada por el DANE en 2021, indicador que se ha disparado al pasar del 3,5% al 38% por factores de inflación como la guerra en Ucrania, los que inciden en los componentes de la tarifa como generación, transmisión, distribución, e indirectamente en las pérdidas reconocidas, entonces por qué no sustituir el IPP por otro indexador adaptado para el sector, establecer un mínimo vital de energía y ajustar el rango de subsistencia para estratos 1, 2 y 3 ya subsidiados.
Si tras un acumulado de precios al consumidor durante la pandemia que llegó al 33,3%, conforme los generadores han subido tarifas a medida que la inflación afecta la cadena energética, en la región Caribe donde la instalación de potencia resulta deficitaria frente a la demanda y son notables las pérdidas del sistema, la crisis se ha acentuado porque más personas comenzaron a disminuir sus pagos. Si bien la energía térmica ha sufrido las consecuencias de la inflación de los combustibles fósiles, otra cosa es la generación hidroenergética que, pese a tener los embalses llenos ha elevado precios 27,7% en promedio.
Y respecto a las térmicas, conforme se retiren fondos de financiación de proyectos de combustibles fósiles para destinarlos a alternativas con menos carbono por el cambio climático, entre otros problemas que se podrán acentuar, está la barrera de tener que construir una central completamente nueva para aumentar la generación por encima de los niveles actuales como compensación, y los desajustes entre la oferta y la demanda que conducirán a una mayor volatilidad de precios en los combustibles provocando estragos financieros para los generadores.
Así entonces, mientras para combatir el cambio climático el planeta le apuesta a reducir el consumo de combustibles fósiles respecto al 2010 bajando un 80% el carbón, un 50% el gas natural y un 30% el petróleo, aunque se pueden seguir viendo precios atractivos para los combustibles fósiles en los actuales momentos tal cual ocurre siempre que la oferta continúe cayendo más rápido que la demanda, para el año 2050 el auge de los precios de los combustibles fósiles no será la victoria que parece, porque a largo plazo la demanda tendrá tendencia a la baja.
Por ahora, el gobierno consciente de que el aumento ha sido atípico anuncia que, al llegar a acuerdos con los actores, la energía bajará en noviembre y se implementarán medidas a corto y mediano plazo que protejan a los vulnerables y la no obligatoriedad de aplicar el IPP. Pero además de optimizar la operación de las plantas termoeléctricas, de mejorar la eficiencia de las redes para reducir pérdidas no técnicas que son protagonistas en el Caribe y de poner en cintura la gestión indebida de recursos, habrá otras consideradas por expertos de poca efectividad o que pueden afectar a las comercializadoras.