El acuerdo de Escazú-Costa Rica (2018), logrado bajo el auspicio de la CEPAL, a pesar de ser el primer tratado vinculante sobre cuestiones ambientales y de derechos humanos de los países de América Latina y el Caribe, y de constar de tres pilares fundamentales: 1- sobre el acceso a la información, 2- la participación pública, y 3- el acceso a la justicia en asuntos ambientales, no fue ratificado por el Congreso de la República de Colombia, argumentando que de aprobarse, se pondría en riesgo la soberanía colombiana y se frenarían los proyectos de “desarrollo”, -es decir, que no diferencian crecimiento de desarrollo-.
Si con motivo de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Acuerdo de Escazú, que se celebró del 20 al 22 de abril de 2022, antecedida por la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en San José de Costa Rica del 7 al 9 de abril de 2022, se reafirmó por parte de los suscritos el compromiso de implementar efectivamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible, pregunto: ¿por qué se aparta Colombia de Escazú siendo un instrumento universal y transformador centrado en las personas?
Pareciera extraño que el país no lo suscriba, sabiendo que la ola de violencia armada contra líderes y lideresas sociales, campesinos e indígenas en Colombia, no cesa. El Acuerdo, al buscar que los Estados que lo ratifiquen garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del ambiente, pretende garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y fortalecer la gobernanza ambiental.
Mientras ésta Colombia urgida de políticas públicas que fortalezcan la institucionalidad para mejorar la gobernanza en asuntos públicos, reclama una oportunidad para reducir las amenazas y asesinatos que enfrentan los defensores de los derechos humanos y ambientales, su dirigencia le dice no al citado instrumento que pone en práctica el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992, al ofrecer una plataforma única a los Estados para fortalecer su capacidad de protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, tanto para la actual generación como para las futuras.
Cuando según el DANE Colombia ha pasado de ser un país de clase media a pobre, también Naciones Unidas no sólo ve en la erradicación de la pobreza un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, razón por la cual la Agenda 2030 que recoge Escazú, implica un compromiso común y universal, para enfrentar retos específicos del desarrollo sostenible, tomando decisiones con soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, fijando sus propias metas nacionales y apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda 2030. Es decir, la soberanía del país no está en juego.
Dicha problemática socioambiental, en una perspectiva más amplia, obliga a considerar el panorama del país, donde según la ANDI, 21 millones de personas padecen hambre (42% de la población) y 7 millones están en la pobreza extrema (14% de la población). Siendo así, no olvidemos que para poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen puntos como resolver el problema del hambre y seguridad alimentaria; vida sana, educación de calidad e igualdad de género; acceso al agua y la energía; crecimiento económico sostenido y adaptación al cambio climático, y promover la paz y el acceso a la justicia.
Finalmente, con o sin Acuerdo, la única opción para hacer viable el país, es pasar de los enunciados a soluciones viables para resolver problemas como pobreza, deterioro ambiental y violencia contra los líderes sociales, además de acabar con la corrupción y cerrar brechas para apostarle a un modelo de desarrollo sostenible, en lugar de buscar el crecimiento económico a costa de la miseria humana y del medio ambiente, comprometiendo la calidad de vida de los colombianos. Mientras más nos alejemos de la Agenda 2030 y de los derechos humanos, el cercenar vidas para silenciar voces, también pasará factura sobre el mal llamado desarrollo.