Según la Fundación Paz y Reconciliación, la ONG que en noviembre de 2021 fuera elegida por el Panel de Opinión “Cifras & Conceptos” como la organización más admirada en el país, en el monitoreo a las elecciones legislativas de Colombia de 2022, el 85% de los 108 candidatos inscritos al Congreso tienen cuestionamientos, ya por investigaciones de tipo judicial, disciplinario o fiscal, o de carácter periodístico, e incluso por tratarse de los herederos del fenómeno de la Parapolítica en el país, del escándalo de Odebrecht y del Cartel de la Toga, o por nexos con grupos armados organizados.
Si en Colombia, durante el pasado quinquenio cerca de la mitad de los casos de corrupción fueron del sector administrativo, es decir, por actos que afectan la ejecución de recursos públicos y la provisión de bienes y servicios por parte del Estado, no sólo ajustando políticas para lograr el desvío de recursos en función de intereses particulares, sino también con su uso ilícito para el pago de favores políticos y financiar campañas mediante la asignación irregular de contratos y cargos públicos, lo grave es que de un total de 92,7 billones de pesos comprometidos, 13,7 se perdieron y solamente 4,9 se recuperaron.
Adicionalmente según el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, el país que en el período 2012-2020, ha estado entre los 36 y 39 puntos sobre 100, ocupando la posición 92 entre 180 países, no logra mejorar. Aún más, siendo la lista de los casos de corrupción larga y penosa, en el último año pese a la pandemia en Colombia persistieron la corrupción y el abuso de normas democráticas. Igualmente, con todo lo que hay detrás de esta problemática, han quedado también la gestión de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, en entredicho.
Aunque gracias a la Constitución de 1991, Colombia duplicó el tamaño del Estado pudiendo incrementar su presencia y la del aparato militar, en el país todavía, dada su debilidad institucional no se logra imponer el imperio de la ley, y se sufren flagelos como la corrupción, el paramilitarismo, el narcotráfico y la minería ilegal. En el caso de la corrupción, como fenómeno que hace parte integral del sistema, porque se arraiga profundamente y se refuerza a sí mismo, el número de casos y monto de recursos involucrados pueden ser aún mucho más altos si se suman los de la corrupción oculta.
En nuestro régimen centralista donde los partidos políticos no funcionan, dado el imperio de coimas y comisiones para miembros suyos, nuestra democracia se caracteriza por la práctica del clientelismo controlado por los titulares de cargos políticos, en un Estado cooptado mediante el control de una burocracia reclutada que les garantiza cuantiosos recursos. No obstante, el decir de personas con autoridad moral que han ejercido cargos de elección popular, es que sí es posible llegar al poder de una manera transparente y legítima sin necesidad de empeñar las instituciones y sin recurrir a prácticas corruptas.
Además, mientras el sistema de justicia, pese a que es fundamental para combatir la corrupción, se ha convertido en el mayor protector de un sistema donde la impunidad a la corrupción es alta, lo más grave, es que, pese al quehacer de la mayoría de funcionarios públicos y usuarios que actúan de manera transparente y comprometida con apego a la ley, y en especial al valor de líderes sociales que en defensa de sus territorios vulnerados o al ver afectadas sus comunidades, actúan reclamando derechos, en Colombia puede más la violencia estructural de las redes criminales organizadas.
Dado lo anterior, viene entonces la pregunta: ¿qué hacer? Seguramente, para atacar la corrupción, además de fortalecer los órganos de control y el sistema judicial, y de implementar una contratación pública abierta y transparente, Colombia no sólo debe facilitar el control ciudadano, y garantizar el acceso a la información pública, sino que también requiere de una reforma política que fortalezca la transparencia y por qué no, de una política en la que se garantice la eficacia de la norma mediante la efectividad del poder, así como la efectividad del poder a través de la eficacia de las normas.