Hace 14 años se suscribió la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. A partir de ese momento, en Colombia y en el mundo, todos los 9 de diciembre se conmemora el compromiso internacional en la lucha contra este flagelo.
Estamos viviendo un momento sin precedentes. La firma de la paz nos ha hecho soñar con un país mejor y más equitativo, pero al mismo tiempo rompió la visión monolítica de la agenda pública y con ello, comenzamos a ver problemas que, si bien han existido desde hace lustros, no habíamos dimensionado. Uno de esos es la corrupción, que hoy es la peor forma de violencia.
La corrupción genera ciclos de pobreza, nos resta competitividad y nos aleja de los sueños de poder brillar como una nación rica en capital social y cultural.
Pero así como derrotamos la violencia producto del conflicto armado, estamos convencidos de que podremos hacerlo con la violencia que genera la corrupción. No voy a negar que el reto es enorme y que tenemos un largo camino por recorrer. Sin embargo, hoy Colombia está mejor dotada para enfrentar y vencer este flagelo.
Nunca antes en nuestra historia republicana habíamos contado con un marco político y normativo tan sólido. Por primera vez el gobierno del presidente Santos expidió un Estatuto Anticorrupción y también se reconoció el acceso a la información pública como un derecho fundamental, se fortalecieron los organismos de control, se endurecieron las penas contra los corruptos y se promovió la participación ciudadana como base para la construcción de confianza, que es el fundamento del buen gobierno.
Somos conscientes de que las regiones reciben el peor golpe de la corrupción, porque es allí donde más se necesitan los recursos que se esfuman en las manos de los corruptos. La salud, la educación, la vivienda, el saneamiento básico, el desarrollo agrario son sectores que se ven afectados cuando se hace un uso inadecuado de los recursos públicos. El desarrollo y el progreso dependen de ellos.
A pesar de los retos que aún vivimos, hay razones para ser optimistas. Estamos dando pasos en la dirección correcta. Hoy el Estado recupera 83% más de los recursos de las manos de los corruptos. Hoy los ciudadanos tienen acceso a sistemas de información, que permiten saber cuánto, cómo y quién está invirtiendo en las regiones. Desde este Gobierno hemos propendido para que los principales testigos y garantes del buen uso de los recursos públicos sean los colombianos. A mayor información, mayor transparencia. A mayor transparencia, menos corrupción.
Hemos fortalecido las herramientas de prevención contra la corrupción y no hemos bajado la guardia en la judicialización y la sanción contra los corruptos. Hoy duplicamos el número de corruptos condenados, hemos impuesto más de 2.100 sanciones disciplinarias a quienes irrespetan los recursos públicos y hemos multado a los ladrones del erario público por más de 300 mil millones de pesos.
Soy consciente de que en los momentos de transición nos puede agobiar la incertidumbre y podemos ser víctimas del peor pesimismo, pero el mundo, que nos está observando a diario, nos recuerda que tenemos razones para seguir creyendo que hemos alcanzado logros que nos posicionan como líderes en la región en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Colombia ha pasado los filtros de organizaciones internacionales como la OCDE, incluso superando a países miembro como Chile y México, o los de la OEA, que en su más reciente informe pone a Colombia como ejemplo regional. Tampoco hemos sido ajenos a los elogios por parte de las Naciones Unidas en la implementación de la Convención contra la Corrupción.
En mi trabajo me veo forzado a verle la cara a ese monstruo de la corrupción y puedo, sin ninguna duda, afirmar que hoy no hay más corrupción que ayer. Hoy, por el contrario, estamos evidenciando el problema, estamos viendo su dimensión, lo hemos declarado el enemigo público número uno. Y esto se debe, en gran medida, a que el Gobierno del presidente Santos ha asumido un compromiso infranqueable en la tarea de transparentar todos los procesos, poner a disposición de la ciudadanía toda la información y reconocer que la corrupción es un problema de todos los colombianos.
Seguiremos trabajando sin descanso por brindar más información a la ciudadanía, dotar de capacidades a los colombianos, que son los ojos vigilantes sobre los recursos públicos, denunciar y velar por las mayores condenas sobre estos generadores de violencia: los corruptos.