Una de las grandes innovaciones contenidas en el preámbulo de la actual Constitución Política de Colombia es la de “asegurar” a los ciudadanos el “conocimiento” por oposición a una concepción “idealista” que caracterizaba la ultraconservadora Constitución Política de 1886. El artículo 69 de la Constitución Política, reconoció el papel fundamental de las universidades en la sociedad, dotándolas de herramientas para el logro de sus objetivos a través de la famosa “autonomía universitaria”.
La Ley 30 de 1992, reglamentó dicha norma constitucional, estableciendo en el artículo 6º literal d) como uno de los principales objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones, la de ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, “político y ético” a nivel nacional y regional.
Culminado el proceso electoral para la conformación del Congreso de la República, nos enfrentamos ahora a unas elecciones presidenciales caracterizadas, entre otras, por la crisis de los partidos, pues los históricos partidos Liberal y Conservador y el actual partido de gobierno Centro Democrático, no tienen candidatos para ofrecer a los electores. Y los mal llamados “debates” (debates no ha habido) se han convertido en espontáneos programas del tipo talk show sensacionalistas donde se desentrañan pasiones, odios, rencores y chismes, que no dejan ver con criterios de seriedad, responsabilidad y argumentación, lo que proponen los candidatos.
Las pocas discusiones que se han planteado como realmente problemáticas para los colombianos, como el sistema pensional, no han podido ser abordadas a conciencia, pues ingenuamente los moderadores que posan de improvisados eruditos, solo les dan a los candidatos un minuto para ofrecer y desarrollar una idea que necesariamente requiere profundidad y tiempo. ¿En verdad, es posible que en uno o dos minutos alguien pueda explicar con carácter de suficiencia, un espinoso tema considerado altamente complejo, como la seguridad social?  
Los candidatos a la Presidencia, políticos al fin y al cabo, han encontrado en la retórica que los caracteriza, la mejor herramienta para la improvisación, pues hasta ahora ninguno se ha atrevido a decir con la nobleza del realmente inteligente “no sé”.  Cuando se les preguntó, por ejemplo, sobre lo primero que harían cuando se posesionen de presidente, muchos (Petro) no dudaron en indicar que decretarían el estado de emergencia económica y social o estado de excepción, de que trata el artículo 215 de la Constitución. Como bien lo advirtió el investigador y académico Rodrigo Uprimny Yepes (El Espectador, 6 de marzo de 2022), uno de los mejores columnistas de este país, los decretos de emergencia sirven para enfrentar situaciones “sobrevinientes” y no para conjurar crisis coyunturales. Su escrito informa, pues está lleno de “conocimiento”.
De otra parte, en los “no debates” ha sido reiterado que se utilice la antiquísima figura de la “expropiación” como sinónimo de cualquier cosa, desnaturalizando por completo su concepto y propósito, llevando a incautos ciudadanos a creer erradamente en los imaginarios y falacias de quienes sin recato las pronuncian (Fico). ¿Cómo mitigar las mentiras de los candidatos? Desde la ONU se hizo una exitosa campaña que aun se escucha en la radio, para enfrentar la desinformación de noticias falsas (fake news) a través del #HazUnaPausa donde se invitaban a expertos y académicos, para ayudar con información real y objetiva. Las universidades y quienes tenemos el honor de pertenecer a dicha comunidad académica, debemos cumplir con el deber de señalar, qué de lo que se dice en campañas electorales es verdad y mentira.  Estamos a tiempo para que las universidades cumplan o sigan cumpliendo con su misión legal de ser factores de desarrollo “político y ético” en los procesos electorales nacionales, aportando información basada en conocimiento a los ciudadanos.