El pasado 10 de febrero este diario reprodujo los apartes de una entrevista dada por el gobernador del Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, respecto de la tragedia del barrio La Esneda de la ciudad de Pereira y que terminó con la vida de 16 personas. Dijo el gobernador: “Hablamos de la otra Pereira, pobre, una Pereira que tiene 84 invasiones, podemos estar hablando cerca de 20.000 personas, muchas de ellas que viven con un piso en tierra y techos de plástico”.
Esa visión política fragmentada que se tiene del territorio es precisamente la que fortalece sus conflictos ante dos graves problemas: uno, el precario acceso a la propiedad privada de la tierra, visto como un derecho en favor de personas de bajos ingresos y dos, el riesgo ambiental asociado a su desarrollo. Al igual que ha sucedido en Manizales, las muertes derivadas de asentamientos humanos en territorios urbanos en zonas de riesgo no mitigable o sin mitigar, han sido el resultado de lo que el ilustre profesor de la Graduate Center City University de Nueva York, David Harvey, denomina la “reconfiguración de la geografía urbana” donde los cambios de los estilos y calidad de vida urbana de sus ciudadanos se han convertido en una mercancía para los que tienen dinero.
En otras palabras, las víctimas del barrio La Esneda de Pereira o del malogrado y mal llamado macroproyecto de la comuna San José en Manizales, eran y son consideradas personas sin derecho a la ciudad y lo son por ser pobres, por no tener títulos de propiedad sobre la tierra, de allí que sea fácil expulsarlos y subsidiarlos precariamente. Ellos no necesitan ser tratados con compasión, necesitan ser reconocidos en sus derechos al territorio y a la ciudad y que de una vez por todas dejen de ser llamados “invasores”.
Los ciudadanos de La Esneda, no son de “la otra Pereira” como los llamó el gobernador del Risaralda, son de la misma ciudad, del mismo territorio, de una misma Pereira donde les negaron su derecho al territorio, a la vivienda digna y a la vida misma, extinguida por la ausencia de una política que no los tuvo en cuenta como se debía. Pero eso sí, las demandas contra Dosquebradas, Pereira y la Carder vendrán y serán los ciudadanos con sus impuestos los que pagarán las millonarias indemnizaciones en favor de las víctimas, producto de la mirada errada y excluyente de gobernantes que piensan que la ciudad es para “unos” o para “otros” pero no para “todos”.
Lo paradójico es que después de la tragedia de La Esneda, se habla de reubicación (tierra sí había) y de asignación de recursos por parte del Ministerio del Interior (y plata también): lo que faltaba era gobierno. Manizales, anclada en las bellas montañas de la cordillera central aprendió con dolor a vivir en medio de las mismas y hoy es el principal laboratorio de gestión del riesgo en Colombia. “Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna”, dice el artículo 51 de la Constitución Política. Sin embargo, hemos visto morir en el camino al Instituto de Crédito Territorial, al Inurbe y a la Caja de la Vivienda Popular, quedando la esperanza de vivienda social en manos de la Iglesia Católica y de egregios filántropos no estatales como la Fundación Obras Sociales Betania.
Asistimos hoy dramáticamente a lo que David Harvey llama un “nuevo urbanismo” lleno de neurosis y donde los que tienen quieren vivir lo mas lejos posible de los centros urbanos, en comunidades apartadas y encerradas. Y los que no tienen, viven donde pueden, donde los dejan que es donde mueren.