Una vez conocidos los resultados de las elecciones al Congreso de la República y de las consultas de los precandidatos presidenciales, una pequeña minoría celebra con alborozo el triunfo obtenido mientras otra gran mayoría, frustrada, maldice o silenciosamente asume la derrota. En particular, debo confesar mi desconcierto por el hecho de que Caldas o algunos de sus municipios no tenga representantes a la Cámara en la Citrep, sigla con la que se identifica a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, resultado de los acuerdos suscritos entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las Farc, en el famoso “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” refrendado el 30 de noviembre de 2016.
En efecto, en el punto dos del acuerdo denominado “participación política, apertura democrática para construir la paz” se acordó que en las zonas especialmente afectadas por el conflicto, se crearían 16 Citrep con un representante a la Cámara por cada una de ellas y por dos períodos electorales. Recordemos que los antecedentes, son menos que vergonzosos: las curules de la Citrep ya habían sido aprobadas por el Congreso en el año 2017 pero la mesa directiva del Senado, presidida por el inolvidable senador Ernesto Macías del Centro Democrático, en una de sus usuales “jugaditas” dieron por no aprobado el proyecto de acto legislativo, con el patrocinio del entonces senador y hoy presidente de la República Iván Duque, quienes osadamente asemejaron las víctimas con los narcotraficantes. Pero gracias al maravilloso instrumento de la tutela y de la decidida actuación del médico y político vallecaucano Roy Barreras, respaldado por un número importante de víctimas y organizaciones promotoras de derechos humanos, la Corte Constitucional revisó el tema y a través de la Sentencia SU-150 de 2021, logró salvar las curules para las víctimas.
Sin embargo, esta buena noticia para las víctimas del conflicto, no lo fue para Caldas ni para el eje cafetero y demás municipios circunvecinos. Desde el año 2017, el Congreso estableció, los cuatro requisitos establecidos para definir las Citrep: a) grado de afectación derivado del conflicto; b) nivel de pobreza; c) presencia de cultivos ilícitos y d) debilidad institucional. Todo pareció indicar que para los honorables congresistas, el actuar y las tomas guerrilleras de los frentes 9 y 47 de las Farc a San Diego y Florencia en Samaná, Arboleda en Pensilvania, Montebonito en Marulanda, Nariño y Argelia en el suroriente antioqueño, la presencia de las autodefensas del Cacique Pipintá y la actuación ilegal en el Magdalena Medio, fueron insuficientes para reconocer el derecho de las víctimas a su representación.
El mapa de las Citrep nos muestra a Caldas, Risaralda y Quindío en blanco, además del suroriente antioqueño y Magdalena Medio, como si por aquí el conflicto hubiera sido un cuento chino. Precisamente esta región tuvo y ha tenido una fuerte representación política uribista y su posición adversa frente a los acuerdos de paz ayuda a explicar lo sucedido.  Negar a las víctimas su representación en el Congreso es hacer invisibles a los victimarios. Como ciudadanos de esta región andina, merecemos por lo menos una explicación de nuestros representantes, incluyendo a los alcaldes de todo el eje cafetero y sus respectivos personeros, al no lograr incorporar ningún municipio al selecto grupo de 167 entes territoriales de 19 departamentos, que por 8 años representarán la voz de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. Han pasado más de 5 años de los acuerdos de paz y los retos siguen siendo enormes, pues muchos políticos y colombianos no saben lo que implicó dicho acuerdo.