El Estado Social de Derecho dejó de existir hace años en Colombia y se hizo evidente cuando se impuso la política de esa agrupación que no es de centro, ni es democrática. Se impone ahora la dictadura de las minorías, que quieren obligar a las mayorías a edificar un nuevo orden, sustentado en los delirios de los que nos están gobernando, para forzar un régimen de impunidad, desgobierno, pérdida de todos los valores constitucionales. Con ese fin, si lo logran, quieren devolvernos al medioevo político, en el cual ellos creen ser los reyezuelos que tienen todos los derechos, cuando el resto de colombianos, a quienes ven como sus esclavos, se convierten en titulares de todas las obligaciones y deberes.
            Nos quisieron meter a la brava una reforma tributaria, que se inventaron el ministro Carrasquilla y el subpresidente Duque, siguiendo los lineamientos del que actúa como amo de ese grupo político, que, para desgracia de una nación entera, hoy nos gobierna. Afortunadamente Duque no tuvo alternativa distinta a la de retirar dicha iniciativa, ante la reacción generalizada de un país que descontento, aguanta los problemas que resultan de una pandemia que no ha sido bien manejada, ni adecuadamente enfrentada; se ve además frente a una ola de desempleo y pobreza, como la consecuencia de ultrapasar todo lo que podía predecirse, esos obstáculos que ponen a la mayoría de la población en situación de peligro, sin capacidad para defenderse y sin posibilidades reales que le aseguren una vida digna y decente, una realidad con las necesidades básicas resueltas, sin hambre, con techo, con oportunidades de estudio o trabajo, con verdaderas posibilidades de participar en la vida colectiva, como actores que son de la misma, aunque siempre hayan sido excluidos.  
            No se pueden quedar en la impunidad, ni en el rincón del olvido, al que nos tienen acostumbrados, como si nada hubiese pasado, porque sí pasó y fue muy grave. Ese uso desmedido de la fuerza, para controlar marchas pacíficas y no para dedicarse a controlar a los oportunistas vándalos infiltrados, que son una minoría a la que desafortunadamente ellos, desde la institucionalidad, violando todas las normas establecidas, contribuyeron con agentes que rompieron los esquemas establecidos en una verdadera democracia, disfrazados, sin uniforme, para agitar y producir violencia entre los que estaban mostrando su inconformidad con las medidas absurdas tomadas en mala hora por un gobierno desconectado de la realidad y que fueron el polvorín que dio origen al estallido en el paro.
Tampoco puede permitirse que los empleados de una institución del orden nacional, oculten sus identificaciones para actuar con sevicia e impunidad.  Tiene que ser una realidad, que tanto los agentes del orden como los ciudadanos, deben ser respetados, no aceptando la violencia institucional, no permitiendo la infiltración de promotores del caos, ni tolerando la violencia contra los agentes legales del Estado, porque todos los colombianos, incluidos ellos, tienen que ser respetados.
La Colombia que tenemos hoy, no aguanta más manejos dictatoriales o disposiciones que vayan en contravía de la razón, solo porque a un grupo político, sus representantes y al improvisado presentador de televisión que funge como presidente, se les ocurrió que había que exprimir a los menos favorecidos y a los trabajadores, para obtener los recursos para financiar los desmanes, los regalos de billones a quienes no los necesitan y los robos permanentes cometidos en un Estado que no tiene control sobre las finanzas.
El mensaje más importante que ha quedado claro, es que de ahora en adelante no se podrá hacer una reforma o establecer una ley sin estar bien explicadas y universalmente aceptadas las razones y necesidades de las mismas, y sus medidas agregadas. Los que gobiernan por encargo popular y trampas en la Registraduría, deben entender que la impunidad se comienza a acabar, que estamos frente a una nueva realidad, la de una sociedad que no está dispuesta a dejarse manejar caprichosamente por politiqueros baratos, cobrándoles precios altos, en cualquier época, pero inexcusables en estos momentos. Llegó la hora de reducir los gastos del Estado, para que eso, sumado a la realidad de hacer que los dueños de grandes fortunas paguen más impuestos, y controlando a los evasores y ladrones, tengamos resueltas nuestras necesidades.
No es suficiente el uso de la fuerza, cuando se carece de razón.