La violencia que se ha generado, como un arma utilizada desproporcionadamente por la institucionalidad y las entidades encargadas de mantener el orden, ha pasado todos los límites de lo legal, para adentrarse sin reversa en el camino tortuoso de la represión desmedida, el uso indiscriminado de la fuerza, la utilización de armas letales contra los ciudadanos, dejando no pocos muertos, muchos heridos y montones de desaparecidos.
            Hay delincuentes que han infiltrado las marchas y han causado desorden y destrucción. Pero es necesario aceptar que entre esos violentos que alteran las marchas pacíficas, están infiltrados muchos miembros de las instituciones que se suponen legales.
La violencia de la que se ufanan con vana gloria, muchos de los actores de la actual crisis: agentes del Estado, infiltrados, vándalos y no pocos ciudadanos, es desproporcionada. Rompen todos lo establecido para ejercer un control adecuado y digno de las marchas, incitando con el uso desproporcionado de la fuerza a una reacción que, aunque no deseable, es la respuesta lógica de los que protestan, tratando de defenderse de las arremetidas sin control de la fuerza bruta, que no porque este mimetizada en aparatos y armas sofisticadas, se vuelve inteligente o inocente.
No, la violencia que nos están dejando en todos los rincones con el uso sofisticado de armas de alto y camuflado poder, es la violación de todas las normas sobre derechos humanos.
Colombia no resiste más la acción desmedida de los actores violentos, que hacen de marchas que reclaman derechos violados desde siempre, verdaderos campos de batalla, en los que sale lo peor que tenemos como sociedad, lo degradados que han llegado a ser algunos miembros Estado. Esos antisociales escondidos bajo el manto de ciudadanos comunes son hampones que no tienen valores, ni límites, ni dignidad, ni escrúpulos; son oportunistas que sacan provecho del desorden, el caos y la violencia que ayudan a crear. 
Ante el panorama desalentador de esa pobreza absoluta que tienen y viven en la realidad, un vergonzosamente alto porcentaje de la población, el futuro es incierto, haciendo eco de esa Colombia inhumana e indigna que hemos tenido durante decenios. Una nación en la que hay mayorías que carecen de todo, que no tienen acceso a los mas elementales principios básicos de supervivencia en dignidad, es caldo de cultivo para que el caos sea cotidiano, la revuelta social pan de todos los días y la pérdida de confianza en las instituciones avance a pasos agigantados y sin freno.
No podemos permitir que sigamos este rumbo equivocado, en el que la dignidad humana vale nada, el honor es baladí y el respeto es adorno frágil, burlados a diario, sin que pase algo que nos muestre un futuro esperanzador de real cambio. Esta crisis institucional y humana tiene que servirnos para repensar lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser como Nación. La prioridad es el respeto a la dignidad humana. Le siguen de cerca, el derecho que tienen todos los ciudadanos a oportunidades de vida digna, con sus necesidades básicas satisfechas, sin hambre, con acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda digna.
Por eso le hablamos al que se supone es presidente, para que escuche y entienda que su administración y la del grupo que representa, son el extremo máximo en la pérdida de valores, del desprecio por el orden, la justicia y las leyes, en un país que ve teñir su bandera con la sangre de nuestros compatriotas.
No podemos permitir más violencia, de actor alguno. No más desigualdad e injusticia que no sean atendidas, mientras los políticos y sus esbirros se roban los dineros públicos sin que pase algo, cuando en estricta ley deberían pagar con penas máximas, sin perdón y sin olvido, inhabilitándolos para el manejo de lo público, con extinciones de dominio de las fortunas deshonrosas que han conseguido, robándose el dinero de la gente.