Aunque en el mes de febrero la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE daba datos esperanzadores, ya que ponían a la capital caldense como la ciudad más segura del país, los hechos delictivos de los últimos días en Manizales muestran que la inseguridad está desbordada en la ciudad y que se deben encender las alarmas.
Las cifras hablan por sí solas. Solo el lunes de la semana pasada, la jornada dejó como saldo el asesinato de William Andrés Londoño, un reconocido músico de la ciudad, y dos heridos más con arma de fuego. Estos acontecimientos se suman a otros hechos delictivos como hurtos y el atraco a un bus de Sideral que cubría la ruta Villamaría – San Sebastián.
Amerita una pronta y oportuna reacción de las autoridades locales en diferentes frentes. Así pues, hago un llamado urgente para que la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas generen una política pública de seguridad y convivencia ciudadana que sea de largo plazo y que les devuelva la tranquilidad a todos los caldenses.
Sin desconocer que todas las actividades mediáticas que hace el alcalde son importantes, ya es hora de que priorice en su agenda la vida y la seguridad de los ciudadanos.
Estamos recorriendo los barrios de la ciudad y en conversaciones con la comunidad nos hemos dado cuenta que la sensación de inseguridad y temor crece, así como la pérdida de credibilidad en las instituciones.
También es importante que las autoridades trabajen para que la impunidad no sea otro factor de inseguridad y de pérdida de confianza, pues muchos ciudadanos se abstienen de denunciar porque no creen en la institucionalidad.
Precisamente desde el Congreso respaldamos y radicamos un proyecto de Ley que busca que en nuestro país se sancione a quienes se reiteren en conductas contrarias a la convivencia, y le entrega a la Policía y a nuestro sistema judicial mecanismos reales para ejercer más eficazmente su labor.
Otro frente de trabajo que se puede aplicar en el territorio es la Ley de espacios libres de drogas, iniciativa que hemos liderado en el Congreso y que busca garantizar que los niños y en general las familias colombianas tengan escenarios seguros.
De mi parte no queda más que ratificar el compromiso de seguir trabajando desde el Congreso en políticas públicas, en este caso de seguridad, pero vamos a continuar recorriendo el territorio para escuchar otras problemáticas que aquejan a las comunidades y seguir gestionando soluciones.
Algunas cifras. En lo que va de este año, la ciudad ya registra 45 asesinatos, casi igualando la cifra de todo el 2020 (47) y aún faltan dos meses para acabar el año.