A raíz de las protestas sociales que se vienen desarrollando en los últimos meses, hemos visto como las universidades públicas han sido centro de atención, pues la presencia de encapuchados ha generado desórdenes y su irracional actitud ha provocado no solo destrucción de edificaciones, sino que también ha comprometido la seguridad de los estudiantes que se han visto afectados seriamente en su integridad personal.
De allí que las autoridades locales estén poniendo en práctica protocolos de seguridad que tienen como fin garantizar el desarrollo de la protesta, pero intervenir con la fuerza pública cuando los desórdenes tomen visos de violencia.
Lo que ha sido posible identificar es la intervención abusiva de elementos extraños, encapuchados y camuflados, que pretenden crear confusión y desviar el sentido de las manifestaciones populares hacia otros objetivos que signifiquen crear caos.
A la hora de la intervención de la autoridad, se esgrime el principio de la autonomía universitaria, muy importante fundamento, y una de las conquistas apreciables en la universidad pública. Pero creemos que ese postulado no tiene nada que ver cuando se trata de garantizar la tranquilidad de la comunidad universitaria y de salvaguardar los bienes de uso público que dichos centros educativos contienen, así como la de proteger la vida de los integrantes de la comunidad.
Una cosa es el manejo académico y organizacional de la institución universitaria, en donde la autonomía sin duda debe reinar y garantizarse, y otra muy distinta es la protección de la vida y bienes involucrados.
En donde se deje imponer la absurda tesis de que no puede existir una garantía común para la protección de todos los ciudadanos, estaremos sentando un grave precedente que nos llevará a que se cometan las más absurdas agresiones, con funestas consecuencias.
Quienes hemos tenido la oportunidad de contemplar las marchas que expresan la protesta social, nos encontramos frente a desfiles de personas que expresan sus sentimientos, que exhiben pancartas y caminan hacia una plaza pública, en donde debe expresarse el fin de su objetivo. Pero nos encontramos que en el momento menos pensado, aparecen los desaforados elementos, en donde al aprovechar la presencia masiva de personas, ocultan su identidad y apelan a utilizar toda clase de artefactos peligrosos, que tienen como fin provocar el pánico y generar toda clase de agresiones, para que esa protesta adquiera otro cariz.
Estamos llegando al absurdo de que la gente del común le tenga pánico a las marchas, pues éstas terminan destruyendo fachadas de edificios y residencias, atentando contra los sistemas de transporte público y exponiendo la vida de las personas. Al final es el caos y la destrucción lo que quedan, y nadie llega a entender el objetivo de la convocatoria de la marcha.