Las agencias de calificación son organizaciones encargadas de evaluar la situación económica para determinar la capacidad o intención de pago de un deudor, lo que permite establecer la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones de un país o de las empresas ubicadas en su territorio. Las de mayor reconocimiento mundial y más consultadas por los mercados financieros internacionales son Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s (S&P).
 Esta última le retiró el grado de inversión a Colombia la semana pasada y es posible que las otras dos sigan el mismo camino, dada la actual coyuntura económica y social. Para mayor claridad sobre lo que esto significa es necesario conocer la escala de evaluación, que inicia en AAA, y es otorgada a los países que por su elevada solvencia no representan riesgo para los inversionistas. En la medida que se perciban algunas situaciones que puedan incrementar el riesgo, la escala empieza a bajar así: AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB y BBB-. Hasta ese punto los países tienen grado de inversión y esta última (BBB-) fue la calificación de Colombia hasta la semana pasada. La escala sigue bajando: BB+, BB y así sucesivamente. A partir de BB+ sus bonos se consideran basura por su baja calidad crediticia o mayor probabilidad de riesgo de impago se denominan también “high yield” (o de alto rendimiento) porque los países emisores con estas calificaciones deben ofrecer un tipo de interés más elevado, generalmente por encima de la media del mercado, para poder conseguir financiamiento en los mercados internacionales de dinero.
 Decíamos que Colombia la semana pasada pasó de BBB- al poco honroso BB+, primer grado en la escala de bonos basura lo que implica baja calidad crediticia. Esto significa que el alto rendimiento que deben obtener los inversionistas será asumido por el país o las empresas que requieran financiamiento internacional para compensar el mayor riesgo que deberán asumir quienes, no obstante esa baja calificación, decidan seguir otorgando créditos al gobierno o empresas privadas colombianas. Desde la perspectiva del gobierno esto conduce a una menor disponibilidad de recursos para la inversión en los diferentes frentes que debe atender.
 Si bien es cierto que uno de los factores que determinó la pérdida del grado de inversión es el retiro de la reforma tributaria, también lo es que el país ya venía con una calificación muy baja: se encontraba en el límite inferior, lo que significa que ya era percibido como una economía poco atractiva para colocar recursos financieros. Entre las principales causas de esta pérdida se han señalado el alto endeudamiento externo del país, cercano al 60% del PIB para el período 2021-2024, y un déficit fiscal relativamente alto, lo cual es considerado por la calificadora poco consistente con un grado de inversión en moneda extranjera.
 Si se pretende trabajar en la recuperación del grado de inversión es preciso adoptar medidas que no parecen fáciles: primero, hay que bajar el nivel de endeudamiento como proporción del PIB y para lograrlo hay dos caminos posibles: un mayor crecimiento de la economía, lo cual no parece factible dadas las actuales condiciones de pandemia y protesta social y, segundo,  pagar parte de la deuda, lo cual tampoco es realizable frente a la escasez de recursos financieros disponibles en estos momentos. Además, se deben sanear las finanzas del gobierno lo que así nos disguste a todos requiere de una reforma tributaria para incrementar los ingresos. La discusión es qué tipo y criterios de tributación convienen o generan menos traumatismos en las actuales circunstancias.
 Otro camino, muy sano y aplaudible por casi todos, pero improbable por su alto costo político, es reducir drásticamente el gasto del gobierno y el tamaño del Estado, en ciertos sectores inflados y burocratizados donde es palpable la ineficiencia, el despilfarro y la inutilidad.