Con un escenario macroeconómico caracterizado por el decrecimiento económico mundial, disminución de los precios del petróleo en los mercados internacionales, una menor demanda en los mercados mundiales por las materias primas que exporta el país y una alta incertidumbre global, el gobierno nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), proyectando la política fiscal al período 2022-2032, estableciendo algunos elementos que soportarán la próxima propuesta de reforma tributaria -o Proyecto de Ley de Inversión Social- como una pieza fundamental para implementar esta estrategia, tanto en las iniciativas expansivas de corto plazo, como en las que se pondrán en marcha en el mediano plazo para asegurar la sostenibilidad fiscal.  En el mediano plazo, esta iniciativa contendría cambios en los ingresos y gastos fiscales, una financiación de la cuenta corriente principalmente por flujos de Inversión Extranjera Directa, (IED) lo cual parece poco probable considerando la pérdida del grado de inversión según una de las principales calificadoras de riesgo internacionales, aunque también es importante destacar que las otras dos calificadoras aún mantienen el grado de inversión calificado al país. En este sentido, el Gobierno cree que el crecimiento económico sostenido y la confianza inversionista perfilarían la IED como la principal fuente de financiamiento externa durante la siguiente década.
Se plantea realizar un ajuste fiscal en dos etapas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. La primera etapa estará contemplada en el proyecto de reforma tributaria que permitirá incrementar los ingresos, la cual recaerían fundamentalmente sobre el sector empresarial y las personas naturales con mayores ingresos. La segunda busca reducir el gasto público y hacerlo compatible con los ingresos disponibles para financiarlo. Lo anterior  es consistente con el objetivo de lograr una transición gradual desde una postura de política expansionista en el corto plazo, a una posición fiscal consolidada en el mediano plazo. Otra fuente de financiamiento sería incrementar el recaudo tributario derivado del proceso de modernización de la DIAN; esto refleja los frutos, principalmente, de la implementación de la factura electrónica desde 2020, y de iniciar el programa de modernización de la entidad. Con lo anterior  se espera que a partir de 2021 se incrementen los recaudos derivados de estas políticas. Este efecto será marginalmente creciente hasta 2023, en la medida en que estas políticas fortalezcan gradualmente la capacidad de fiscalización de la administración tributaria y se logren reducciones permanentes en la evasión.
La materialización de la senda decreciente de gasto tiene un rol fundamental en la necesaria reducción del déficit fiscal, de tal manera que se estabilice y reduzca la deuda pública. Sin embargo, por los menos en lo que resta de 2021 y todo 2022 esto se podría ver limitado si no se alcanza el ritmo de recuperación de la economía esperado; la implementación de las acciones de política consistentes con la reducción del gasto público es necesaria para consolidar las finanzas públicas, dado el nivel de ingresos fiscales que se proyecta. De lo contrario, la solvencia del Estado se podría ver comprometida, pues no se podría asegurar la estabilidad de la deuda pública en el mediano plazo. Por el otro lado, si fuera necesario implementar una senda de gasto público superior a la contemplada, se estaría generando un mayor déficit fiscal que pondría en dificultades las finanzas públicas y restaría al gobierno capacidad para reaccionar frente a choques adversos.
En general, se observa que el Marco Fiscal de Mediano Plazo planteado por el Gobierno Nacional contempla los criterios expresados en esta columna meses atrás cuando se empezó a hablar de la reforma tributaria: incremento en los ingresos del gobierno especialmente por la contribución de los sectores de mayores ingresos, mejoramiento del recaudo tributario evitando la evasión y disminución del gasto público sin afectar la política social.