Hace pocos años los medios de comunicación de la capital de Caldas registraron una noticia insólita e increíble por su contenido: un ciudadano manizaleño, por medio de un documento cuyas firmas estaban autenticadas en notaría ¡vendió una calle de la ciudad! Según esto las calles de Manizales que, se supone, deben ser propiedad colectiva, podían convertirse en propiedad privada y su propietario podría venderlas, como efectivamente lo hizo.
Por absurdo que esto parezca algo semejante viene ocurriendo en la ciudad, no ya por la venta del espacio público, o por lo menos no como un hecho conocido, sino por la privatización de éste para ser explotado económicamente, privándolo de su función pública disponible para todos los ciudadanos.
Lo público, por definición, es algo que pertenece a todos, que está ahí para el servicio colectivo; todos somos formalmente propietarios, pero ninguno puede apoderarse del mismo para su uso privado. Esta modalidad de “privatización” del espacio público se observa en diferentes sectores de la ciudad. Menciono algunos casos entre tantos existentes, que quizás los lectores conocerán por su experiencia personal.
En la avenida Colón hay un sector tradicionalmente conocido como “El Tierrero”, recientemente pavimentado con dineros públicos. Es una calle amplia para el tránsito vehicular por tres carriles, que se ha visto reducida a un solo carril debido a que cada negocio ubicado a lado y lado de la vía decidió apoderarse del tramo de la calle enfrente, y colocan diversos objetos como conos, cuerdas u otro tipo de obstáculos para impedir que cualquier ciudadano no autorizado por el “propietario” de ese espacio de tránsito público pueda hacer uso de éste. Solo falta –y no sería descabellado pensarlo– que con artimañas jurídicas terminen legalizando en notaría su apropiación ilegítima, y hasta lo transfieran a un tercero para que lo administre en calidad de propietario, como ocurrió en el caso antes mencionado.
También es habitual observar en diferentes sectores de la ciudad cómo las calles y los andenes se han convertido en parqueaderos privados con la misma costumbre de ubicar obstáculos que impiden su uso para el resto de los ciudadanos. De la misma forma, el espacio público ha sido usado para construir escalas de ingreso a viviendas particulares, y el limitado número de caracteres de esta columna no permite mencionarles otras situaciones más o menos graves.
Lo peor de toda esta situación es la falta de una autoridad que haga respetar las normas e impida que la propiedad colectiva se convierta en propiedad privada. Un elemento fundamental de la convivencia ciudadana es la existencia de unas reglas de juego claras, acatadas y respetadas por todos, pero estas normas deben estar respaldadas por una autoridad fuerte que las haga cumplir cuando sea necesario. De nada sirven las normas si no hay un compromiso ciudadano en acatarlas y una decidida acción del Estado para hacerlas cumplir.
Es bien sabido que en Manizales como en el resto del país, el acceso al empleo y las oportunidades laborales se limitan cada vez más, y que la apropiación del espacio público con fines de explotación económica se ha convertido en un recurso para obtener ingresos básicos o complementarios.  Ya es habitual en la ciudad escuchar: “Yo le cuido el carrito”, y con una mirada oblicua sugieren: “y si no me paga, espere el rayón”.
Falta una autoridad que haga respetar las normas sobre los bienes y la seguridad públicos, e impida que la propiedad colectiva se convierta en propiedad privada. De lo contrario, se socavan las reglas fundamentales de la convivencia ciudadana, y de ahí a la anarquía y a la destrucción, hay solo dos pasitos.