En las actuales circunstancias que vive el país resulta importante hacer una reflexión en la perspectiva de la teoría institucionalista, que plantea el grado de institucionalidad como un conjunto de reglas que organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos, los grupos sociales y el estado, caben en esta órbita las políticas públicas, las distintas modalidades de asociatividad de la sociedad civil y, en general, las diversas formas de regulación de la conducta de los individuos.

En este sentido, las instituciones son un factor fundamental para la existencia de confianza en una sociedad; por lo cual, son consideradas como limitaciones o restricciones concebidas por los humanos; que estructuran una interacción política, económica y social basada en la confianza, resultado de unas reglas de juego claras y respetadas por todos los asociados, pero también con un estado fuerte con capacidad para hacerlas cumplir. Las instituciones consisten de un lado, en limitaciones informales (sanciones, tabús, costumbres, tradiciones, y códigos de conducta), y de otro lado en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad).

En el sentido más amplio del término, las instituciones son el conjunto de reglas que articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los individuos y los grupos sociales; son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución (origen, estabilización y cambio) los colectivos erigen expresamente. Las instituciones en un país asumen características peculiares, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes de una determinada economía y sociedad, y por supuesto es importante la influencia de los valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de las convenciones existentes. Un conjunto cualquiera de reglas solo se transforma en institución cuando se comparte su conocimiento y se acepta su cumplimiento, voluntariamente o coercitivamente impuesto por el estado. Las instituciones, sin su correspondiente socialización, aprendizaje y transmisión, solo serian construcciones formales, pero sin viabilidad económica, política y social, porque nadie sabría siquiera de su existencia o de su operación.

En este orden de ideas, lo que estamos viviendo en el país es un desprestigio de la institucionalidad y la pérdida de capacidad del Estado para hacer respetar las reglas de juego que por medio de las costumbres y las leyes nos hemos dado los colombianos a través de un poco más de doscientos años de historia republicana; lo cual, no podría decirse que es culpa de uno u otro gobierno, sino que es el resultado de la descomposición social que se ha generado en diversas prácticas de la sociedad que incluyen el favorecimiento del enriquecimiento rápido sin apego a los valores éticos, y esto no implica solamente el narcotráfico y otro tipo de formas delincuenciales que el país ha padecido a lo largo de la historia; sino también, el aprovechamiento del Estado para el beneficio individual o de pequeños grupos; además incluye otras formas de corrupción menos visibles y tal vez menos criticadas, pero que igualmente constituyen aprovechamiento de los bienes colectivos en beneficio individual, tales como no asumir las responsabilidades derivadas de diversos contratos que se suscriben entre privados o entre lo público y lo privado; creer que las normas solo deben ser respetadas cuando es inminente la posibilidad de una sanción; no entender que el ejercicio de los derechos individuales promulgados por la modernidad también deriva en deberes para con el resto de la sociedad. Si se desea un cambio en la actual tendencia a la desinstitucionalización del país es necesario un compromiso serio de cambio en cada uno de los seres humanos que hacemos parte de él, en el sentido de respetar todo tipo de normas por simples que estas parezcan; además de respetar las instituciones formalmente establecidas.