En el reciente informe presentado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre pobreza monetaria en Colombia aparece un elemento que pasó inadvertido, pero que resulta de innegable importancia para orientar las políticas sociales y económicas. Se trata del coeficiente de Gini, uno de los indicadores sintéticos más significativos para describir la desigualdad en la distribución del ingreso y el consumo en un país. La medida se expresa entre el 0 y el 1, números teóricos de la distribución de la riqueza: el cero indicaría el paradisíaco caso donde el ingreso de una nación se distribuyera en perfecta igualdad, y el uno la situación donde una persona obtuviera todos los ingresos y los demás ninguno. Poco importa que sea una sociedad capitalista o socialista, rica o sea pobre; lo que mide es cuán equitativa o inequitativamente está distribuida su riqueza
Para entender las cifras conviene comparar varios países. Por ejemplo, en 1918 y entre 157 países analizados, el más igualitario fue Islandia (0,246), el menos Sudáfrica (0,630), el 32 la Unión Europea ( 0,308), en el medio -78- Georgia (0,365) y Colombia ocupó el lejano 157 escaño con el 0,508. Según los datos del Dane, el año anterior (2020) la situación empeoró: Colombia alcanzó un Gini de 0,544, lo cual significa que estamos en una economía con un alto nivel de concentración del ingreso.
Pero tal vez lo más importante es observar como se ha venido comportando el coeficiente en los últimos años en Colombia: entre 2012 y 2014 mostró cierta estabilidad, al estar en 0,539 y 0,538, y luego descendió –mejoró- al 0,508 en 2017, indicando que en ese periodo los colombianos más pobres fueron un poquito menos pobres y los más ricos un tris menos ricos. Esta sería la tendencia deseable en una economía como la colombiana caracterizada por una alta concentración de la riqueza. En desigualdad, el año anterior la peor ubicación la conservó Sudáfrica y Colombia ocupó el poco honroso décimo lugar (0,54) ¡flanqueado por Honduras y el Congo!
Esta tendencia creciente se verá acentuada con los impactos de la pandemia, toda vez que los efectos han sido más graves en los sectores de menores ingresos.
Aparte de la disminución en la calidad de vida, la desigualdad en la distribución de la riqueza incrementa las disparidades en el acceso a oportunidades y servicios básicos, como la educación y la salud, y reduce el crecimiento de capital humano, uno de los factores fundamentales para el desarrollo económico en la actual economía del conocimiento.
Los gobiernos pueden reducir la desigualdad en la renta mediante una política fiscal progresiva, luchando contra el acopio de beneficios por parte de grupos de poder, de presión, de acumulación, y redistribuyendo el ingreso a través de la generación de oportunidades. Sin embargo, las reformas tributarias de los últimos 38 años en Colombia ha conducido a una política fiscal que ha favorecido la concentración del ingreso, al centrarse en el recaudo en impuestos regresivos como el IVA, gravar las rentas del trabajo, y generar transferencias por medio de subsidios. Sería mucho más benéfico para el país mejorar las oportunidades de acceso a la educación y formación de alta calidad en todos los niveles e incentivar la formalización del empleo y la creación de empresas productivas, entre otras medidas de política económica y social que nos alejen progresivamente de ese reciente décimo lugar.
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