Uno de los principales problemas que preocupa a los colombianos por estos días es el alto crecimiento de los precios de diferentes productos, y especialmente de los alimentos, cuyo índice de inflación alcanzó el 23,3% en febrero, mientras que en marzo fue del 25,37%. La inflación anual a marzo se ubica en el 8,53% en tanto que en febrero había sido de 8,01%; esto resulta más delicado si se considera que el promedio histórico para este periodo es de 0,53%. Teniendo en cuenta los principales factores que la incrementan, se teme que el índice inflacionario de este año pueda ubicarse por encima de los dos dígitos, algo que no ha sucedido en la economía colombiana desde hace varios años.
Como quiera que la inflación es un problema con graves efectos económicos y sociales, en el país se han tomado dos tipos de medidas de política económica para contrarrestarla. Una, de política monetaria del Banco de la República, ha sido incrementar en 200 puntos básicos las tasas de interés en lo que va corrido del año, esperando desestimular los préstamos y no aumentar el flujo de dinero. La otra, de política fiscal, proviene del gobierno nacional, que ha reducido aranceles para algunos bienes básicos que encarecen la producción y, por ende, los precios al consumidor.
El incremento de las tasas de interés tendrá poco efecto sobre el comportamiento de la inflación, porque esta medida también contribuye a incrementar los costos de financiación, tanto del crédito de consumo como del crédito a los empresarios, debiendo estos últimos trasladar los sobrecostos al consumidor. Además, no se tuvo en cuenta que el actual comportamiento del índice de precios se puede considerar más como una inflación de costos que una por exceso de demanda, habida cuenta de los dos principales factores que han generado el crecimiento de los precios: la crisis del sistema logístico internacional y, más recientemente, la invasión rusa a Ucrania. Además, si se sigue aumentando la tasa de interés esto podría afectar el crecimiento de la economía. La reducción de aranceles de una canasta de bienes, especialmente insumos del sector agrícola diseñada por el gobierno nacional, podría generar un efecto positivo en el corto plazo para los bienes importados de consumo directo, pero un efecto leve en el mediano plazo para las importaciones de materias primas o insumos para el sector productivo.
Como quiera que de acuerdo con las tendencias internacionales el problema va para largo, se requieren medidas que ayuden a mitigar el problema en el corto y en el mediano plazo. En política fiscal podría resultar más efectiva una reducción temporal de un impuesto directo como el IVA para determinados bienes y servicios; esto aliviaría inmediatamente el costo de la canasta familiar, aunque también impactaría negativamente las finanzas públicas, que además se han visto afectadas por la atención de los efectos económicos y de salud generados por la pandemia. Otra alternativa de política económica muy provechosa para el país en el mediano y largo plazo sería establecer estímulos directos a la producción nacional de ciertos bienes, tanto finales como intermedios que hoy son importados y que el país tiene condiciones de producir, dado que algunos de ellos han sido producidos en el pasado, tanto en el sector agrícola como en el industrial.
Promover la producción agrícola y pecuaria contribuiría en el mediano plazo no solo a controlar la inflación y a generar empleo, sino también a garantizar la seguridad alimentaria del país, un tema que la coyuntura internacional ha colocado como prioridad en la política económica y social en todos los países y que por efecto de las dificultades en la cadena de distribución internacional ha ganado importancia.
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