De cara a las elecciones de 2022 es importante comprender el modelo de desarrollo implementado en el país, que durante los últimos 50 años ha mantenido la misma tendencia, para poder evaluar las propuestas de los diferentes candidatos y determinar sus fundamentos y viabilidad. Un nuevo rumbo es necesario para superar los grandes problemas económicos, sociales y políticos que enfrenta el país, acrecentados por la pandemia y el reciente paro nacional.
 El modelo que ha venido orientando la actividad económica y social en Colombia se ha fundamentado en los postulados del liberalismo económico que privilegia el papel protagónico del capital privado en la provisión de la mayoría de los bienes y servicios que requiere la sociedad, y que condiciona el crecimiento económico, la generación de empleo y el bienestar de la población, al tiempo que restringe el papel del Estado a la satisfacción de las necesidades básicas de seguridad, justicia y leyes.
 La política económica de los últimos gobiernos ha favorecido la inversión privada. Entre las medidas implementadas se pueden destacar: disminución de los costos laborales, eliminación de restricciones financieras, fomento del ahorro, disminución de los costos del capital originados en barreras comerciales, transparencia del Estado, apoyo a la microempresa y fomento a las exportaciones principalmente de bienes básicos y extractivos. Este modelo requiere eliminar el déficit público, canalizar el ahorro privado mediante mecanismos alternativos como los fondos de pensiones. Además, busca flexibilizar y promover la competencia en los mercados de capitales, para reducir las tasas de interés y la inflación, fortaleciendo el sector financiero como punto de apoyo para el crecimiento.
 En relación con los problemas de distribución del ingreso y la pobreza, el modelo ha planteado acciones básicamente en tres frentes: El primero, descentralizar funciones y transferir recursos, entregando a las regiones la responsabilidad de garantizar la cobertura en los servicios de educación, salud y saneamiento básico. El segundo busca liberar al Estado de la carga fiscal que representa la provisión de seguridad social para toda la población, por considerar que el capital privado está en capacidad de ofrecer esos servicios con mayor eficiencia y con posibilidad de generar más empleo. En tercer lugar, en el frente social se han implementado instrumentos para orientar el gasto con la intención de que los recursos públicos tengan como beneficiarios a los grupos poblacionales pobres, aportando subsidios a la demanda. Sin embargo, en sentido es necesario recordar que ningún territorio puede lograr altos niveles de desarrollo con base en subsidios y resulta más adecuado generar oportunidades laborales y de acceso a educación. Con relación a la infraestructura, el modelo incentiva la participación de los particulares en la construcción, administración y operación de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones por medio de concesiones, esperando así eliminar las ineficiencias en esos servicios cuando son administrados por la burocracia estatal. 
 Frente a los grandes problemas económicos y sociales que no se han logrado resolver se podría pensar que “tenemos qué cambiar el modelo”, pero esta resulta ser una frase fácil de pronunciar, pero complicada de realizar. ¿Cómo? ¿por cuál otro? ¿acaso ya existe un modelo de desarrollo económico completo y coherente que genere equidad y satisfacción en países no ricos como el nuestro? Parece que no. ¿Cómo lograr una mayor equidad en el reparto de la riqueza? Tales son las preguntas y el reto para los candidatos presidenciales, cuyas respuestas han de orientar a los votantes más allá de los discursos populistas y las propuestas simplistas, como las que tienen al borde del colapso a varios países del continente, cuyos habitantes más pobres “ya no saben para donde echar”.