Con las elecciones presidenciales del año 2022 a la vista, y de cara al alto nivel de polarización vivido en el país en los últimos años, que se proyecta hacia los próximos comicios, es necesario que los ciudadanos tengan claridad sobre los principales factores que deben considerar a la hora de decidir a quién le darán su voto.
Como es bien sabido, en las campañas electorales se reparten bellas promesas y buenos propósitos solo para cautivar a los votantes, pero a menudo plagados de inconsistencias y carentes de fundamentos socioeconómicos. Entre las más citadas, tenemos: crear miles o hasta millones de empleos (recordemos a Samper que prometía un millón, luego Pastrana lo subía a millón y medio, y después el contendor elevaba la cifra…) como si fueran los políticos y no los empresarios los creadores de puestos de trabajo productivo. Prometen controlar los precios de los productos básicos, como si los productores estuvieran dispuestos a producir a pérdida. Aseguran que extirparán, o al menos controlarán la corrupción. ¿Se olvidarán de los patrocinadores de su campaña? (alguna razón tuvo Julio Cesar Turbay Ayala cuando en 1978 prometió “reducir la corrupción a sus justas proporciones”). Anuncian no presentar reformas tributarias onerosas, no aumentar impuestos y controlar la inflación, al tiempo que prometen inversiones que incrementarán el gasto público. Ilusionan a los ciudadanos con miles de viviendas, educación gratuita y de alta calidad en todos los niveles, que protegerán la biodiversidad y a las minorías… Toda una sucesión de letanías promeseras. Aunque sin duda algo harán, lo importante es detectar los grados diferenciales de los candidatos en cuanto a su seriedad, sinceridad, trayectoria, objetividad, conocimiento de la complejidad del país y de las implicaciones de sus promesas, de su carácter de estadista más que de populista. Esto es lo que deben valorar los electores.
A diferencia de un siglo atrás, hoy en Colombia todo ciudadano que desee conocer la plataforma política de un candidato puede tener acceso a ella, y debe hacerlo para que su voto sea responsable, porque cada voto cuenta. Vale recordar que la primera constitución democrática federal –la de Estados Unidos de 1787– determinó que los ciudadanos no votaran directamente por un candidato presidencial, sino por electores que los representaran en pequeños distritos de los diversos estados de la Unión, porque era imposible en ese entonces escuchar a los candidatos en todos los rincones de ese vasto país.
Además de los compromisos internacionales que el mandatario electo debe respetar, quienes los entrevisten, en lugar de ser halagadores deben ser incisivos y cuestionarlos sobre los problemas y escollos que han de superar para cumplir sus –a lo peor, fementidas– promesas de campaña. ¿Qué intereses particulares o grupales serán afectados? ¿Qué presiones políticas, sectoriales y económicas enfrentarán para atender una problemática específica? ¿Cómo balancearán el presupuesto nacional con las ayudas sociales prometidas, sin reformas tributarias “al alza” y sin incrementar la deuda pública?
En fin, lo que cada ciudadano tiene que saber antes de decidir su voto es cómo y con qué recursos podrá el candidato cumplir con lo prometido, los medios para lograrlo y los efectos colaterales que pueden tener sus medicinas para solucionar los problemas de la sociedad colombiana. De carecer de una propuesta sistémica, generará males más graves que los que pretende solucionar y, como dice la sabiduría popular “el remedio resultará peor que la enfermedad”. Cada ciudadano debe entonces comprender que con su voto estará no sólo eligiendo un candidato, sino definiendo el tipo de país en el que quiere vivir él y su descendencia, lo cual no solo se puede medir en términos de favores coyunturales sino de transformaciones sociales de mediano y largo plazo.