Aunque el país ha mostrado importantes avances de recuperación económica luego de la crisis generada por la pandemia, es claro que los colombianos nos enfrentamos a enormes desafíos en esta materia. Basta con decir que el déficit fiscal se estima en 5,6% del PIB para este año, en tanto que la deuda pública ascenderá a 56,5% del PIB.
 
Para ello, el Gobierno Nacional viene promoviendo un proyecto de reforma tributaria que pretende recaudar recursos por $25,8 billones para el año 2023. Si bien, en términos generales se trata de una iniciativa progresista que busca dar soluciones a los problemas fundamentales del país, considero que es importante que ésta sea debatida de una manera más amplia ante los reparos que se han venido haciendo desde algunos sectores económicos y de la ciudadanía, en los que se pone de manifiesto que algunas de sus medidas vulnera sus derechos.
 
En mi opinión, el país necesita una reforma tributaria que permita al país avanzar en varias metas, tales como incentivar su crecimiento económico y reducir el desempleo y la pobreza. También, debe contribuir a disminuir el déficit fiscal y a generar políticas claras que den confianza a la inversión extranjera.
 
Sin embargo, lo más importante es que en materia social se constituya en una importante herramienta para combatir la inequidad, fortaleciendo derechos básicos como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al bienestar de los colombianos. Así también, debe permitir enfrentar la evasión, la elusión de impuestos y el contrabando.
 
A partir de estos principios, desde el Partido de la U hemos venido haciendo una serie de encuentros con representantes de distintos sectores sociales y productivos del país, para escuchar sus inquietudes y preocupaciones y realizar un profundo análisis de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional.  Nuestro objetivo es defender los intereses de los ciudadanos, sobre todo de quienes hacen parte de esa Colombia olvidada y excluida y que esperan que con la medida se generen cambios concretos a sus problemáticas reales y cotidianas.
 
En este contexto uno de los temas que más preocupa a los colombianos es el acceso a la vivienda. Es por ello que es importante que dentro de la iniciativa del Gobierno se mantengan los incentivos a la construcción de vivienda de Interés Social, de lo contrario, se van a generar dificultades para que la gente más pobre pueda acceder a ella. Tampoco estamos de acuerdo con que se incrementen los impuestos a la compra y venta de inmuebles.
 
También, resulta fundamental que la reforma tributaria proteja a las MiPymes mediante el establecimiento de una tarifa diferencial de renta. No es posible que a este importante sector que genera cerca del 90% del empleo en Colombia, se le cobre lo mismo que a una gran empresa con el 38% o 39%. Es por ello que desde el partido de la U estamos proponiendo que se les aplique una tarifa del 20%, de este modo protegemos el derecho al trabajo y a la productividad, a la vez que se estimula la formalización, la generación de empleo y se contribuye a la erradicación de la pobreza.
 
De otra parte, con el fin de proteger la salud de los colombianos, consideramos que es importante que en esta reforma se incrementen los impuestos al consumo del tabaco y vapeadores. Si se logra grabar también estos dispositivos vamos a desestimular su consumo, especialmente entre los más jóvenes. Como autora de la Ley Antitabaco, puedo dar fe del impacto positivo que este tipo de medidas puede tener en el bienestar de la comunidad.
 
Fiel a nuestro principio de ‘escuchar para cambiar’, en el Partido de la U consideramos que la reforma tributaria es una medida fundamental que el Gobierno debe debatir y concertar con todos los estamentos de la sociedad y su finalidad debe estar enfocada a favorecer a los más necesitados y a generar las transformaciones sociales, económicas y ambientales que el país necesita.