El anuncio del Gobierno Nacional de aumentar a partir del mes de octubre el precio de la gasolina ante el enorme déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, ha sido a la luz de los expertos una decisión inevitable. Sin embargo, es urgente buscar alternativas que permitan que las alzas y reajustes no afecten de forma dramática a los hogares colombianos teniendo en cuenta que los combustibles representan el 2,9 % de los gastos en la canasta familiar.
Durante años los colombianos tuvimos en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles una especie de barrera que nos protegió contra las fluctuaciones de los precios internacionales de este importante insumo, haciendo incluso que Colombia sea uno de los países de Latinoamérica con el precio más barato del galón de gasolina.
Sin embargo, la situación se ha hecho insostenible. Según el Ministerio de Hacienda para este año, el faltante adicional del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles se calcula en $11,6 billones, mientras que para el 2023 el hueco fiscal alcanzará los $19,2 billones.
Y a todas estas circunstancias se suman condiciones de orden global tales como el fenómeno inflacionario que se ha disparado a nivel mundial derivado de la post pandemia, la escasez de algunos suministros fundamentales para sectores como el agro, la crisis de los contenedores y la guerra de Ucrania, entre otros factores.
Pero la realidad es que un alza en el precio de los combustibles no afectará sólo a los más ricos, sino que impactará el día a día del ciudadano de a pie, del obrero, del trabajador independiente, del transportador, del estudiante, del ama de casa, pues su efecto se sentirá en el sistema de transporte público y de mercancías, en los desplazamientos en motocicleta, en el precio de los productos básicos y muchos bienes y servicios de la canasta familiar. Según un estimativo de la firma Raddar, por cada 10% que suba la gasolina, la inflación en todo el país aumentaría 0,5 puntos adicionales.
Ante este difícil panorama, para evitar que la actual coyuntura inflacionaria del país alcance dimensiones inmanejables, el Gobierno Nacional, ante el clamor que desde diferentes sectores se han venido haciendo, anunció que realizará el reajuste en el precio de la gasolina de forma gradual. Pero es fundamental que se piense mantener el subsidio del Acpm y Diésel y que se tenga en cuenta el subsidio de gasolina para motos, dado el impacto social que implica su incremento.
De otra parte, como medida estructural, es necesario insistir en la exploración de petróleo y buscar caminos que nos permitan aumentar la capacidad para refinar combustibles que le den la posibilidad al sector de responder a la demanda interna y así evitar la excesiva dependencia del mercado internacional, con las consecuencias que estamos viviendo. Desde luego, también se debe avanzar en la consolidación de energías renovables.
Es urgente que el Gobierno Nacional, luego de un análisis juicioso y exhaustivo de los diversos componentes que determinan el sistema de precios de la gasolina, establezca la ruta a través de la cual va a ejecutar el alza, pensando en cómo minimizar al máximo su impacto en la gente, sobre todo, en la más pobre y olvidada del país.
También es importante que las medidas que se tomen sean comunicadas de manera clara y oportuna, para evitar especulaciones en la opinión pública que puedan derivar en más tensiones sociales que la ciudadanía ya no puede soportar. Es necesario mitigar el costo social de esta decisión.