En l964 el sociólogo Pierre Bourdieu publicó un estudio sobre la educación en Francia, el cual reveló que el sistema educativo de ese país, en lugar de reducir las desigualdades sociales, las reproducía y acentuaba.
 Hasta ese momento, la apertura del acceso a la educación a mujeres, minorías étnicas y sectores populares era considerado como un proceso que garantizaba la equidad. Contrario a esto, en la investigación de Bourdieu se demostró que el factor que más peso ejercía en el desempeño de los estudiantes y en su futuro profesional seguía siendo el origen social.

Si bien la educación significa uno de los pocos caminos de acceso a la cultura para clases desfavorecidas y otros sectores, detrás de la igualdad formal, la procedencia social, la formación de los padres, los ingresos familiares y el acceso a otros bienes materiales y culturales, continúan determinando en gran medida el éxito o fracaso académico, concebidos erróneamente como una cuestión personal o de actitud.

En 2011, Mauricio García Villegas y la ONG Dejusticia demostraron que en Colombia operan criterios similares a los señalados por Bourdieu, los cuales también determinan el éxito de los estudiantes. A pesar de que en Colombia la educación es concebida como un derecho, la brecha entre lo formal y lo sustantivo, y entre clases sociales, no ha dejado de crecer en las últimas décadas. De allí, que los autores estimen que la educación en el país es como un campo de juego inclinado, en el que los de arriba tienen todas las posibilidades de ganar y los de abajo todas las de perder.

Basándose en análisis de los resultados nacionales de las Pruebas Saber 11, en el libro Separados y desiguales, García Villegas y Dejusticia corroboraron que el estrato, el carácter de la institución educativa (pública o privada), la escolaridad de los padres, el número de personas en el hogar, la zona de residencia, el acceso a internet y la tenencia de un computador, tienen una incidencia directa en los resultados de los estudiantes en los exámenes de Estado. Así, por ejemplo, la diferencia en las pruebas entre jóvenes de estrato 1 y estrato 6 fue de 17 puntos, y la brecha entre quienes tenían computador y acceso a internet y los que no, fue de 6 puntos en promedio, aunque en los estratos más bajos se acentuaba.

Es imposible no pensar en estas desigualdades, ahora que las medidas de confinamiento por la presencia del Coronavirus en el país han obligado a que las instituciones educativas hagan uso de la modalidad virtual para garantizar el proceso educativo. De acuerdo a la Primera gran Encuesta TIC (Estudio de acceso, uso y retos de las TIC, 2017) en Colombia el 36,3% de ciudadanos no tiene acceso a internet, el 61,6% no posee computador portátil y el 62% no tiene computador fijo.

Esta realidad empeora en la medida en que se analicen los estratos más bajos y mejora cuando se revisan los altos, con lo cual queda claro que también en materia de acceso a dispositivos tecnológicos y a internet, que hoy son medios esenciales para adquirir información y formación en múltiples aspectos, persisten las mismas distancias sociales de otras áreas.

Lo que está dejando en evidencia el Coronavirus, no es que la educación no estuviera preparada para enfrentar esta pandemia, sino que en medio de un sistema educativo, social y económico altamente inequitativo, factores como el acceso a internet y la tenencia de un computador, se convierten en el privilegio de algunos y esos privilegios son a su vez transformados en méritos y éxito educativo. Basta con observar la diferencia de abordaje de la educación virtual en instituciones privadas y públicas para darse cuenta de ello.

El coronavirus se convierte en otro llamado a equilibrar la cancha de la educación en Colombia. La brecha tecnológica no se superará con las mismas políticas de privatización, focalización y sisbenización de la vida cotidiana, con las que se ha gobernado siempre en Colombia y con las que viene atendiendo la emergencia el Gobierno Nacional.

La segregación educativa se superará con voluntad política, presión social, una acción decidida del Estado y llegando al fondo de las causas de las desigualdades reales para garantizar todos los medios institucionales y económicos necesarios para que nuestros niños y jóvenes no continuen separados y desiguales.