En términos generales, Colombia es un país garantista de los derechos laborales y sindicales. Probablemente existen casos en los cuales hay violación flagrante de estos, pero no es la tendencia ni mucho menos constituye una política pública. Otro debate profundo es si la posición de respeto a las garantías sindicales y colectivas se da por convicción o por mandatos internacionales. Cualquiera que sea la causa, dichas garantías arropan a la población laboral de este país que mediante agrupación colectiva se hace merecedora de tal protección.
Del poder y de la fuerza de las centrales obreras de este país da cuenta su estructura organizacional, financiera y administrativa. Eso está bien, y de hecho celebro que el sindicalismo exista en Colombia y que tenga gran poder de convocatoria, capacidad en su infraestructura y condiciones que le permitan garantizar la protesta y la reclamación.
En el caso específico de la educación, me llama la atención que todos sus actores tengan gremios u organizaciones que viven en defensa y protección de sus derechos. Me refiero a sus profesores, sus empleados administrativos y de servicios generales, inclusive sus propios directivos, quienes en buena mayoría pertenecen a organizaciones sindicales (otra cosa diferente es que ciertamente los represente y los proteja).
Sin embargo, me pregunto por los derechos de los niños. Sin duda alguna, ellos son el actor principal de una serie que podríamos llamar “La escuela”, mientras que todos los demás únicamente hacemos parte del casting o, en el mejor de los casos, pertenecemos al reparto. Lo increíble entonces es que el protagonista no tiene fuero, carece de doliente, no cuenta con organización alguna que asuma la defensa de sus derechos y garantice sus condiciones.
Quisiera pensar que estoy exagerando y, siguiendo en la línea de la serie, que estoy sobreactuado. Recuerdo entonces la gran consigna que aviva los movimientos de protesta de la educación en las últimas décadas: “¡Por la defensa de la educación pública!”, y quiero creer que allí están incluidos los niños, sus sueños, sus esperanzas o mínimamente sus necesidades. Lamentablemente aterrizo en la realidad y veo que no; las organizaciones sindicales de los diferentes estamentos que conforman la vida escolar asumen la defensa de sus propios derechos y para eso existen, mientras que los derechos de los niños andan sin tutela y van sin guardián.
Veamos solo un par de ejemplos. Por un lado, docentes y empleados pelean sus jornadas laborales exigiendo que las mismas sean más cortas, y reclaman un mayor número de días libres, aunque ello afecte los tiempos de estudio de los niños. Por el otro, en los últimos años, en algunas ciudades de Colombia, incluida Manizales, muchos niños perdieron gran cantidad de días esperando que las secretarías enviaran a sus maestros; estoy hablando de una afectación significativamente importante de varios meses e incluso de casi un año. Esta situación es sencillamente dramática, pero lo más grave y lamentable aún es que los niños no recibieron la solidaridad de nadie, y ninguno de los demás actores que supuestamente trabaja a su favor asumió su protección y defensa.
Estos dos ejemplos muestran de manera clara que actualmente en Colombia los derechos de los niños en la escuela no están protegidos y que las organizaciones que hoy existen con esa naturaleza no los tienen a ellos como su misión principal. Además de esta preocupante situación, el Estado, por su propia conveniencia y negligencia, tampoco garantiza tales derechos. Creo entonces que llegó la hora de llevar a cabo un hecho sin precedentes en la historia educativa de Colombia: blindar a los niños con fuero a sus derechos y avanzar en la consolidación de una organización sindical que realmente proteja a sus escolares, es por ello que registro con complacencia la sana intención de los directivos docentes de Caldas de avanzar en la materialización de este noble propósito.